Este martes, el Consejo de Ministros presentará un anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin que esto implique una reducción del salario de los trabajadores. Esta iniciativa surge casi un año después del inicio del diálogo social que ha permitido abordar y resolver las discrepancias existentes entre los Ministerios de Trabajo y Economía en cuanto a su implementación.
El texto del anteproyecto es el resultado de un acuerdo firmado en diciembre por el Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, y los sindicatos CCOO y UGT. Estos últimos decidieron excluir de las negociaciones a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, argumentando que la jornada laboral debería establecerse a través de convenios colectivos.
La reducción de la jornada laboral se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Trabajo durante esta legislatura y forma parte del pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar. Se estima que aproximadamente 12 millones de trabajadores se beneficiarán de esta medida, lo que ha generado expectativas significativas entre la población trabajadora.
Una vez que el Gobierno apruebe el anteproyecto, este deberá recibir informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de regresar al Consejo de Ministros en la forma de un proyecto de ley, lo cual se espera que ocurra a finales de febrero. Posteriormente, el texto se enviará al Congreso para que los grupos parlamentarios puedan realizar enmiendas antes de su aprobación final.
El Ministerio de Trabajo establece como meta que la nueva norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del verano, lo que permitirá a las empresas un tiempo de adaptación. Los convenios colectivos que actualmente superan las 37,5 horas semanales de jornada promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva normativa.
El anteproyecto establece que los contratos a tiempo parcial con una duración igual o superior a 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo. Aquellos trabajadores con contratos por menos de 37,5 horas también podrán continuar trabajando el mismo número de horas, con un aumento proporcional de su salario al entrar en vigor la nueva jornada máxima. Asimismo, se garantiza que los empleados con jornada reducida debido a responsabilidades de cuidado o que sean víctimas de violencia de género o terrorismo mantendrán sus derechos laborales existentes.
En otro aspecto relevante, el Gobierno se compromete a revisar la normativa de jornadas especiales junto a los agentes sociales en un plazo de 18 meses, para adecuar estas condiciones a la nueva jornada máxima legal. Además, se prevén sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador para las empresas que no cumplan con el nuevo límite de jornada laboral o que no realicen un adecuado registro horario, endureciendo notablemente las sanciones anteriores.
El anteproyecto también introduce cambios en el registro horario, exigiendo a las empresas mantener un registro diario digital de la jornada laboral, totalizando las horas trabajadas mensualmente y proporcionando una copia a los trabajadores junto con su recibo de salario. Los trabajadores serán responsables de llevar sus propios registros, asegurando que la empresa no pueda manipular los datos y promoviendo la transparencia en el cumplimiento de la normativa.
Finalmente, el anteproyecto refuerza el derecho a la desconexión digital, garantizando que los trabajadores no están obligados a responder a comunicaciones de la empresa fuera de su horario laboral. Este derecho se considera «irrenunciable», lo que significa que no podrán sufrir represalias por no atender mensajes en su tiempo personal.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
