El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la regulación de las jubilaciones parciales del profesorado de centros privados concertados. El 18 de diciembre de 2025, se firmó un acuerdo que involucra a múltiples actores del ámbito educativo, incluyendo organizaciones sindicales y patronales, con el objetivo de establecer un marco normativo que facilite la transición de docentes hacia su jubilación.
El acuerdo fue suscrito por Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes, quien representó al Gobierno regional. También participaron José Javier Grijalbo Manrique de CECE-CLM, Isabel Herrero Alía de FERE-CECA, y Ángel Gómez García de UCE-CM, entre otros representantes de organizaciones y sindicatos del sector educativo.
Esta normativa beneficiará a cerca de 3.847 docentes que actualmente forman parte de la nómina de pago delegado en Castilla-La Mancha. El pacto establece que el Gobierno regional asumirá la financiación de todos los gastos relacionados con la nómina y la Seguridad Social vinculados a la jubilación parcial del personal docente. Esto incluye tanto al docente jubilado parcialmente como a su relevista, garantizando así la continuidad en la enseñanza sin poner en riesgo la calidad educativa. Esta medida se aplicará exclusivamente a los centros concertados que operan bajo el sistema de pago delegado y a las cooperativas que financian mediante módulos íntegros, hasta que el docente jubilado alcance la edad ordinaria de jubilación.
El acuerdo tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, abarcando así el periodo inicial de las jubilaciones parciales y hasta que cada jubilado alcance su edad legal de retiro. Además, se incluye una cláusula que permite la prórroga del acuerdo si así lo deciden las partes involucradas.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha no solo busca facilitar la jubilación de los docentes, sino también asegurar un relevo generacional en las aulas, contribuyendo a la estabilidad y mejora del sistema educativo en la región. La medida pretende crear un entorno laboral más flexible, adaptándose a las necesidades de los profesionales de la educación mientras se preserva la calidad de la enseñanza en los centros privados concertados.
