El sol sigue brillando en Ibiza, pero algo ha cambiado en su paisaje turístico. Tras más de seis años de negociaciones, el Consell insular y Airbnb han sellado un acuerdo histórico que ha culminado con la eliminación de todas las plazas turísticas irregulares de la plataforma. Un total de 14.000 alojamientos sin licencia, equivalentes a 4.900 visitantes diarios, han sido borrados del mapa digital, en un esfuerzo por blindar la legalidad y aliviar la presión sobre un territorio abrumado por la masificación.
El problema no es nuevo. En 2019, la isla ya había registrado cifras alarmantes: campamentos improvisados, caravanas sin condiciones mínimas de habitabilidad y un mercado inmobiliario local colapsado, donde los vecinos no podían competir con los precios desbordados del alquiler turístico. Fue entonces cuando nació la Oficina para la Lucha contra el Intrusismo, un primer paso para poner orden en el caos.
El mecanismo implementado ha sido meticuloso. Airbnb, que concentra el 90% de la oferta en la isla, cedió datos clave —ubicación, fotos, características— al Consell, que cruzó esa información con su registro de licencias mediante un Sistema de Inteligencia Turística. Según fuentes del gobierno insular, «ya no miramos a ciegas». Los anuncios sin número de registro recibieron avisos y, si no se regularizaban, fueron eliminados. Desde este verano, la plataforma exige el certificado legal para publicar cualquier alojamiento.
Los resultados son tangibles: en julio de 2024, solo el 34% de los anuncios en Ibiza eran legales (1.493 frente a 2.831 irregulares). Ahora, los 2.051 que permanecen en Airbnb tienen licencia. Además, el 70% de quienes optaban por pisos ilegales en 2023 han migrado a opciones reguladas este año, mientras un 30% ha preferido no repetir destino. «Luchar contra el alquiler ilegal es defender un turismo de calidad y la sensación de habitar una isla, no un parque temático», subraya el presidente del Consell, Vicente Marí.
El modelo ibicenco marca el camino. Baleares replicará la medida el 15 de octubre, con Formentera ya en pie de guerra —50 denuncias anónimas registradas— y Mallorca y Menorca ajustando sus mecanismos. La batalla no termina: habrá que vigilar que los anuncios borrados no resurjan. Pero por primera vez, Ibiza respira. Y lo hace con normas claras, como un faro para otros territorios que buscan equilibrar turismo y vida local.
(Imagen: Un apartamento turístico en Ibiza, donde el Consell y Airbnb han eliminado 14.000 anuncios irregulares)
