Este miércoles, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, lideró una concentración frente al Congreso de los Diputados con el objetivo de exigir mejoras en la financiación de las entidades locales. La manifestación, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunió a importantes figuras políticas, incluidas la vicepresidenta segunda, Sonia González, y el alcalde de la capital, Francisco Cañizares.
En el centro de la protesta se encontraba la exigencia al Ministerio de Hacienda para que acelere los pagos pendientes a los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Este reclamo está basado en el aumento de la recaudación fiscal del Estado. Valverde hizo hincapié en que los presupuestos de la Diputación se elaboraron con la información proporcionada por el Ministerio sobre la Participación en los Tributos del Estado (PIE). Sin embargo, una circular emitida a finales de enero sorprendió a los responsables locales al posponer estas actualizaciones, provocando un desfase de 13 millones de euros en las cuentas provinciales.
“Es insostenible planificar nuestras políticas públicas con esta incertidumbre”, manifestó Valverde, subrayando la necesidad apremiante de actualizar los pagos adeudados. Además, pidió la autorización para destinar los remanentes de tesorería a inversiones sostenibles sin que ello suponga un incumplimiento de la regla de gasto.
Con más de 100 millones de euros en remanentes disponibles, la Diputación podría llevar a cabo proyectos de infraestructura de gran importancia, según destacó Valverde. Su petición resonó en la FEMP, que instó al Gobierno a aprobar un decreto que modifique las cantidades de la PIE. Aunque Valverde consideró este avance una “conquista de justicia”, lo definió como insuficiente.
La negativa del Gobierno a permitir el uso de remanentes sigue siendo un obstáculo difícil de sortear. “Continuaremos exigiendo esta medida justa que contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, concluyó Valverde, reafirmando el compromiso de las entidades locales por defender lo que consideran sus derechos legítimos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
