La organización Amnistía Internacional ha entregado cerca de 15.000 firmas a la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, con el objetivo de exigir medidas concretas en apoyo a las víctimas de violencia sexual. Esta entrega se produce en un momento crítico, ya que solo quedan 50 días para la apertura de centros de atención integral de 24 horas, en cumplimiento de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual.
Rafaela Alonso, responsable del área de relaciones institucionales de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, ha destacado que, a pesar del compromiso de establecer cinco centros de crisis antes de finalizar 2024, hasta ahora únicamente se ha inaugurado el de Albacete. Alonso ha subrayado que todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, disponen de los recursos necesarios para abrir estos centros, ya que han recibido 83 millones de euros asignados por la Comisión Europea a través del Gobierno de España.
Alonso ha enfatizado que la falta de apertura de estos centros no se debe a problemas de financiación, sino a una deficiencia de voluntad política. «Que las comunidades autónomas no cumplan con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un tema de voluntad política», afirmó con contundencia.
La situación se agrava ante el alarmante aumento de denuncias de violencia sexual en el país, con una violación denunciada cada dos horas. Alonso ha valorado positivamente los esfuerzos del Ministerio de Igualdad para presionar a las comunidades autónomas y acelerar la creación de estos centros de crisis. Asimismo, ha expresado su satisfacción por el anuncio de la ministra que señala que las comunidades que implementen los centros no tendrán que devolver el dinero invertido.
No obstante, la representante de Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la falta de atención adecuada a las víctimas de violencia sexual en algunas comunidades. «Por un lado, son las víctimas quienes siguen sin recibir la atención que necesitan, y por otro, a partir del 31 de diciembre, los servicios que recibirán estas mujeres variarán dependiendo del lugar donde se cometió la agresión o de donde viva la víctima», advirtió Alonso, resaltando la urgencia de la situación que enfrenta la comunidad.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
