En Huesca, la reciente intención de la alcaldesa Lorena Orduna, del Partido Popular (PP), de incrementar su salario un 25% ha generado un significativo revuelo en el ámbito político local. La propuesta, que buscaba elevar su remuneración de 50.000 a 62.500 euros, fue objeto de críticas y finalmente retirada antes de ser debatida en el pleno municipal. Orduna justificó este aumento con el argumento de «dignificar» el oficio y el cargo, sin embargo, la falta de apoyo, incluso entre sus propios aliados, ha dejado claro que este intento resultó en un fracaso.
La oposición, liderada por el PSOE y respaldada por otras formaciones como Vox y un concejal no adscrito que previamente formó parte de este partido, se opuso de forma unánime a la propuesta. Esta negativa ha puesto de manifiesto la compleja dinámica de poder en el ayuntamiento de la ciudad aragonesa. A pesar de los intentos de los distintos grupos por explicar sus razones para rechazar el incremento, la controversia se ha centrado en el inadecuado momento elegido para plantear tal medida, más de un año después de su asunción y no al inicio del mandato, como aconsejan la tradición y las prácticas políticas aceptadas.
Este episodio no solo refleja tensiones locales, sino que también reaviva un debate más amplio en España sobre la remuneración de los políticos. Comparando el sueldo propuesto con el salario medio del país, que ronda los 26.000 euros anuales, la cifra sugerida y, aún más, el salario actual de la alcaldesa, parecen excesivas. Sin embargo, algunos expertos, como Verónica Crespo, aragonesa y doctora en Comunicación Política, señalan que, en comparación con el sector privado, los políticos en España están relativamente «mal pagados». Crespo utiliza como ejemplos los salarios del presidente del Gobierno y de los ministros, contrastándolos con los ingresos multimillonarios de directivos de grandes empresas.
La propuesta de aumento salarial para la alcaldesa de Huesca, junto con la idea de incrementar el número de concejales con dedicación exclusiva, no ha logrado avanzar. Este episodio, más allá de sus particularidades a nivel local, abre un espacio para la reflexión sobre los paradigmas de la remuneración en la política española, considerando tanto la necesidad de sustentar adecuadamente a los cargos electos como la percepción pública respecto a sus salarios, en un contexto donde las comparaciones con el sector privado plantean más cuestiones que respuestas en torno a este delicado tema.
