La Fiscalía Anticorrupción ha elevado una petición contundente contra Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), solicitando una condena de 15 años y medio de prisión. Las acusaciones incluyen administración desleal y apropiación indebida, entre otros delitos, como resultado de una profunda investigación que ha destapado un aparente sistema de desvío de fondos destinados a la federación hacia beneficios personales y de terceros allegados. Se estima que el perjuicio económico causado a la RFEF supera los cuatro millones de euros, lo que ha generado un gran escándalo en el ámbito deportivo español, dada la prominente figura de Villar en el fútbol durante varias décadas.
El informe presentado por la Fiscalía detalla un presunto esquema orquestado por Villar, mediante el cual se beneficiaba de diversos contratos y acuerdos en nombre de la RFEF. Este esquema incluiría la organización de partidos amistosos de la selección nacional, en los que Villar se aseguraba de recibir una parte de los ingresos generados, evadiendo controles internos y regulaciones fiscales. Además, se le acusa de adjudicar contratos a empresas familiares, eludiendo los procedimientos de licitación establecidos, lo que amplía el rayo de las irregularidades financieras identificadas.
Ante estas acusaciones, la defensa de Villar sostiene que todas las operaciones cuestionadas se realizaron en beneficio de la federación y asegura que nunca existió la intención de cometer un delito. Sin embargo, la Fiscalía afirma que las evidencias presentadas demostrarán lo contrario, enfatizando la gravedad de las acciones y la importancia de establecer un precedente en la lucha contra la corrupción en el deporte. En respuesta a esta situación, la RFEF ha comenzado un proceso de revisión interna con el fin de mejorar sus mecanismos de control, asegurando que incidentes de este tipo no se repitan en el futuro.
La comunidad futbolística internacional ha puesto su mirada en este caso, que podría tener repercusiones significativas en la gestión del deporte a nivel global, así como en la confianza pública en las instituciones deportivas. El desarrollo de este proceso judicial será seguido con atención por aficionados, profesionales y organizaciones de fútbol en todo el mundo.
