El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado una instrucción clara y directa a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del ‘procés’. La orden es solicitar al Alto Tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos cometidos por los líderes independentistas catalanes, incluyendo la malversación.
García Ortiz ha remitido un informe jurídico a la cúpula fiscal y ha convocado una Junta de Fiscales de Sala para el martes, con el objetivo de fijar la posición oficial de la Fiscalía sobre la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por el Supremo. Esta medida responde a la solicitud de los fiscales del ‘procés’, quienes son contrarios a perdonar el delito de malversación, a menos que el Fiscal General esté en desacuerdo con ellos.
Los fiscales del ‘procés’ han manifestado su oposición a amnistiar a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Sin embargo, García Ortiz ha indicado que se debe aplicar la amnistía no solo a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por malversación (el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa), sino también a tres de los fugados que no fueron juzgados (el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia).
García Ortiz ha instruido a los fiscales para que “procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación” de la ley de amnistía.
El Fiscal General del Estado ha señalado que, como consecuencia, “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, en referencia a Puigdemont, Comín y Puig.
Esta decisión marca un punto de inflexión en la política judicial hacia los líderes del ‘procés’, potenciando un debate significativo en el ámbito político y judicial. La amnistía incluye delitos graves, lo que ha generado diversas reacciones tanto en apoyo como en oposición a esta medida.
