El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado una decisión clave para mejorar las políticas sociales y la seguridad jurídica en la región, al aprobar en su Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Este nuevo marco legislativo está diseñado para reforzar las iniciativas en sectores como la educación, la cultura, los servicios sociales y el empleo público, al mismo tiempo que busca ofrecer una mayor seguridad jurídica en múltiples áreas administrativas.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, presentó esta importante iniciativa en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Ruiz Molina explicó que esta norma, conocida como la Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, contempla la modificación puntual de hasta doce leyes regionales. El propósito de este enfoque es consolidar todas las modificaciones importantes en un único texto legal antes de ser enviado a las Cortes autonómicas para su tramitación legislativa.
Entre las principales reformas propuestas, destaca la modificación de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, que busca garantizar la gratuidad del transporte escolar para el alumnado de bachillerato en zonas rurales que enfrentan el riesgo de despoblación. Además, se prevé un ajuste en la Ley de Participación Social en la Educación, el cual asegura que la representación en los consejos escolares corresponda directamente a los padres, madres y alumnos.
En el área de servicios sociales, se planea reformar la Ley de Atención y Protección de la Infancia y Adolescencia, permitiendo que los letrados del Gabinete jurídico sigan defendiendo a las personas tuteladas por la Junta una vez que alcancen la mayoría de edad. En lo que respecta al empleo público, se eliminará la limitación en la convocatoria de plazas vacantes en el Sescam, lo que facilitará un proceso más ágil en la selección de personal.
El proyecto también incluye modificaciones en el ámbito cultural, como la ampliación de la Ley de Mecenazgo para ofrecer beneficios fiscales a actividades deportivas, indicando así un interés por fomentar la actividad física entre la población. Igualmente, se introducirán reformas en la regulación del juego, excluyendo ciertos juegos considerados Bien de Interés Cultural y estableciendo controles de acceso a los salones de juego mediante tecnologías biométricas.
Además, la reforma busca mejorar la gestión del patrimonio público y cultural, promoviendo un reparto más justo de los ingresos derivados de acciones urbanísticas y reconociendo el paisaje cultural como una categoría de protección dentro del patrimonio de la región.
Ruiz Molina finalizó su exposición destacando que esta ley está enfocada en fortalecer las políticas sociales y garantizar la seguridad jurídica de las acciones de la administración regional, lo que contribuirá a una gestión más eficiente de los servicios públicos. Según el consejero, la tramitación de este proyecto es factible gracias a la estabilidad política en la región, que permite un dinamismo legislativo significativo en beneficio de los ciudadanos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
