El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2025, que está directamente vinculada a los presupuestos regionales. Esta legislación ha recibido el respaldo del PSOE, mientras que el Partido Popular y Vox han mostrado su oposición. En total, se han aglutinado modificaciones en doce leyes regionales, consolidando los cambios en un único texto legal.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentó una serie de medidas administrativas y financieras que abarcan múltiples áreas de la administración regional. Entre las modificaciones más relevantes destaca la gratuidad del transporte escolar para estudiantes de bachillerato en zonas rurales con riesgo de despoblación, lo cual busca garantizar la igualdad de oportunidades educativas y aliviar la carga económica de las familias en estas áreas.
También se han implementado cambios en la Ley de Participación Social en la Educación, que asegura que la representación en los consejos escolares sea ocupada por padres, madres y alumnos, en lugar de representantes que no necesariamente cumplen estas condiciones. En el ámbito de los servicios sociales, se modificará la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia para permitir que los abogados continúen defendiendo a los jóvenes tutelados más allá de alcanzar la mayoría de edad.
El proyecto también introduce mejoras en el empleo público, eliminando restricciones sobre la convocatoria de plazas vacantes en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). En el área cultural, se ampliarán los incentivos del mecenazgo cultural para incluir actividades deportivas, transformando la Ley de Mecenazgo Cultural en una normativa que abarque también el deporte.
En cuanto a la legislación sobre el juego, se excluyen ciertos juegos de Bien de Interés Cultural del régimen administrativo y fiscal, y se incorporará el uso de huellas dactilares o reconocimiento facial para acceder a los salones de juego, adaptándose así a la normativa europea sobre datos biométricos.
Ruiz Molina enfatizó la relevancia de estas disposiciones, apelando al «sentido común» y solicitando el apoyo de los grupos parlamentarios. Señaló que la ley es fundamental para el desarrollo de las cuentas públicas. Por otro lado, el portavoz del PP, Santiago Serrano, criticó la ley y la calificó de «ómnibus», sosteniendo que su contenido favorece más al gobierno que a los ciudadanos. Además, exigió la inclusión de la carrera profesional sanitaria para los trabajadores del Sescam.
La portavoz del PSOE en las Cortes arremetió contra las enmiendas del PP y Vox, acusándolos de no presentar ideas útiles. Desde Vox, se demandó que los españoles tengan prioridad en el acceso a ayudas públicas, argumentando que deberían ser favorecidos en comparación con los inmigrantes.
El debate culminó con un llamado de Ruiz Molina a apoyar el proyecto, subrayando que oponerse a él implica estar en contra de mejoras que podrían beneficiar a la población de Castilla-La Mancha.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
