La jornada sobre el «Derecho Civil Catalán: perspectivas actuales y desafíos en la práctica notarial y jurídica» ha sido un espacio clave para abordar los cambios recientes en la regulación del alquiler en Cataluña. Un punto destacado de la discusión fue la intervención de Mercedes Blanco, vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, quien compartió su visión sobre las transformaciones normativas que han tenido lugar en los últimos dieciocho meses.
La reciente Ley de Vivienda implementada en Cataluña busca dar respuesta al desorden que ha caracterizado el sector del alquiler hasta ahora. Su principal objetivo es equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos, estableciendo directrices claras acerca de precios y condiciones contractuales. Blanco subrayó la importancia de la ubicación de la propiedad en los contratos de arrendamiento, ya que las áreas designadas como «de mercado residencial tensionado» abarcan el 90% de las localidades catalanas. Esto implica que las propiedades en estas zonas necesitan una consideración particular en su declaración contractual debido a su influencia sobre el precio del alquiler.
El perfil del arrendador también juega un papel crucial en esta normativa. Los «grandes tenedores», es decir, aquellos propietarios que poseen más de diez inmuebles, deberán ajustar sus precios de acuerdo al índice de referencia estabelecido por el Ministerio de Vivienda. Por otro lado, los «pequeños tenedores» cuentan con más flexibilidad para fijar los precios de alquiler, pudiendo aplicar un aumento del 10% si han realizado mejoras en el inmueble durante los últimos dos años. Sin embargo, deben manejar esta opción con precaución, dado que los gastos adicionales vinculados a la comunidad o el IBI también están sujetos a restricciones de incremento anuales.
La jornada también abordó la polémica relacionada con los precios de alquiler, un asunto que ha suscitado intensos debates en la sociedad. Blanco recalcó la necesidad de que los arrendadores comprendan estas limitaciones para evitar cláusulas abusivas que puedan ser cuestionadas legalmente. A su vez, los nuevos contratos deben garantizar una duración mínima de cinco años, lo que otorga a los inquilinos el derecho de desistir tras seis meses, siempre que se respete el preaviso estipulado.
Para concluir, la jornada resaltó la importancia de que tanto arrendadores como inquilinos estén bien informados sobre sus derechos y obligaciones. Este conocimiento no solo ayuda a prevenir disputas, sino que contribuye a crear un entorno de protección legal para ambas partes involucradas en un contrato de alquiler.
