Asaja Castilla-La Mancha ha manifestado su inquietud ante lo que consideran un intento de «confundir a la opinión pública» en relación con las nuevas regulaciones sobre el trasvase Tajo-Segura. La organización agraria ha resaltado que es un «sinsentido» seguir realizando trasvases de agua del Tajo mientras los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía enfrentan problemas de abastecimiento que requieren el uso de camiones cisterna.
José María Fresneda, presidente de Asaja en la región, ha remarcado que la situación actual no debe ser vista como una garantía de abastecimiento para Levante a costa de vaciar la cuenca del Tajo. Fresneda criticó la modificación de la normativa sobre el trasvase, que debió realizarse hace un año según el Real Decreto 35/2023, señalando que ha ignorado las serias consecuencias ambientales, sociales y económicas que acarrea esta actividad. «El impacto que estamos viendo no se habría producido si realmente se hubieran trasvasado solo excedentes, como estipula la legislación», destacó.
La organización también ha hecho un llamado a la vigilancia en la planificación hidrológica del cuarto ciclo, que abarca el periodo 2028-2033 y cuyas propuestas están actualmente en fase de consulta pública. Fresneda manifestó su descontento ante la falta de claridad sobre el uso del agua, advirtiendo que las normas actuales se basan en previsiones de aportaciones hídricas poco realistas que no se ajustan a la realidad desde hace más de 40 años.
Los embalses de la región suelen estar por debajo del 40% de su capacidad, y la media de llenado se encuentra por debajo del 30%. Esta situación ha generado un «daño importante» a la cuenca del Tajo y a las comunidades ribereñas, intensificando la tensión en torno a la gestión del agua. La organización recordó que la cuenca cedente debe atender numerosas necesidades, incluyendo consumo de agua, caudales ecológicos y requerimientos agrícolas e industriales.
Fresneda enfatizó que el enfrentamiento entre regantes y la falta de acuerdos solo perpetúan el conflicto, aclarando que esto no se trata de una «guerra del agua», sino de cumplir con la legalidad vigente. Además, destacó que Castilla-La Mancha depende casi exclusivamente del agua del Tajo, a diferencia de Levante, donde se han desarrollado infraestructuras de desalación financiadas por todos los españoles.
Por último, Asaja ha instado a buscar un consenso que contemple las necesidades de todos los actores en la gestión del agua en la comunidad, subrayando que la solución a esta grave problemática debe primar sobre cualquier interés político. «Esto va de resolver un problema gravísimo, no de hacer política», concluyó Fresneda.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
