Se ha dado a conocer por parte del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava con relación a las dos trabajadoras cesadas en diciembre de 2017, que no ha habido despido improcedente ni indemnizaciones y que el consistorio tendrá que pagarles 29.694 euros y no 48.500 como las trabajadoras habían informado en medios de comunicación. Esto debido a que las demandantes se encontraban en situación de fraude de Ley. La cantidad corresponde a los derechos profesionales y económicos desde el momento del cese hasta la emisión de las sentencias firmes y amortización de las plazas.

María Antonia Álvaro, alcaldesa de Torralba de Calatrava ha informado que bajo el mandato de su predecesora en el cargo, María Teresa González, las trabajadoras sociales cesadas habían estado concatenando contratos temporales desde el año 2005 hasta el año 2012, cuando González modificó la relación laboral convirtiendo los contratos laborales en una relación funcionarial de interinidad que irremediablemente con el paso del tiempo se convirtió en el reconocimiento de las trabajadoras como personal indefinido.

También se ha referido al Alcaldesa a que tanto la trabajadora social como la educadora de familia de los Servicios Sociales de Atención Primaria llevaban más de 10 años trabajando en el Ayuntamiento en fraude de Ley, como fraudulento fue también el hecho de nombrarlas funcionarias interinas “para no convocar un concurso de manera correcta y legal para cubrir esas plazas”.

En diciembre de 2017, la actual alcaldesa renunció al Plan Concertado de Servicios Sociales y adhirió a la localidad al Plan Regional de Acción Social (PRAS), puesto que al ser un municipio menor de 10.000 habitantes el servicio podía ser prestado directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha manteniendo así la prestación de servicios sociales, pero sin coste alguno para los torralbeños ni para el Ayuntamiento.

El hecho de que Torralba de Calatrava estuviese adherida al Plan de Servicios Sociales Concertado ocasionó un coste de más de 250.000 euros para todos los torralbeños y los Servicios Sociales no funcionaban mejor que ahora que es gratuito.

La sentencia hecha pública estos días reclamaba que se convocara debidamente el concurso para la cobertura de las dos plazas de Servicios Sociales o amortizarlas en debida forma. El Ayuntamiento ha elegido la segunda opción puesto que los servicios de estas profesionales ya no son necesarios al ser prestados por otras vías.  Además, el Ayuntamiento tampoco ha sido condenado a pagar las costas judiciales, por lo que este procedimiento judicial tampoco ha acarreado gastos para el consistorio.

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