La Fiscalía ha iniciado una investigación tras admitir a trámite una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contra la Consejería de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación a un presunto caso de prevaricación y corrupción en la adjudicación de contratos de construcción de centros de Formación Profesional. En su denuncia, el PSOE ha señalado irregularidades en los procesos de contratación, sugiriendo que se produjo un fraccionamiento deliberado de los contratos para eludir la Ley de Contratos del Sector Público, lo cual habría permitido que las obras se adjudicaran sin concurso público.
Uno de los nombres más mencionados en el caso es el de Alfonso Mateos, antiguo subdirector de FP, quien supuestamente habría dado las órdenes de pago. A pesar de haber sido cesado, Mateos ha regresado a su puesto como profesor, lo que ha generado más controversia sobre su implicación en este asunto. La Fiscalía continúa evaluando su papel y el de otros funcionarios relacionados con la gestión de estos contratos.
La denuncia del PSOE ha sido respaldada por el grupo Más Madrid, que solicita la creación de una comisión de investigación para esclarecer la situación y analizar más de 300 contratos que podrían estar involucrados en prácticas fraudulentas. Las investigaciones preliminares ya han identificado al menos ocho proyectos con irregularidades, destacando el caso del complejo educativo Ciudad Escolar. Este proyecto, que incluía la construcción de un hospital escuela con un presupuesto de 2,4 millones de euros, fue formalizado sin la debida documentación ni expediente público.
Además, las pesquisas indican que el gobierno autonómico participó en un esquema de desvío de fondos, transfiriendo más de 200.000 euros al instituto Luis Buñuel de Móstoles bajo la premisa errónea de que el dinero se utilizaría en esa localidad. En realidad, los fondos fueron utilizados para pagar facturas de obras en Alcorcón, evadiendo así el control económico y administrativo.
La situación ha suscitado una inquietud mayor sobre la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos. María Luz Rodríguez de Llera, actual responsable de Formación Profesional en la Comunidad, ha eludido responder preguntas sobre el asunto, aunque ha insinuado que las decisiones cuestionadas no son atribuibles únicamente a Mateos, sino que también involucran a figuras de mayor rango, incluyendo al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y su exnúmero dos, Rocío Albert. La continuidad de estas investigaciones promete arrojar luz sobre un posible entramado de corrupción en el sector educativo de la región.
