La cuenta atrás para la baliza V16 está llegando a su momento culminante, en medio de un clima repleto de confusiones, compras de última hora y un creciente descontento entre los conductores. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha asegurado que a partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos, aunque también ha indicado que los agentes de tráfico actuarán con «flexibilidad» al aplicar la nueva normativa durante un periodo inicial.
Para muchos conductores, esta comunicación ha sido recibida como una burla. Tras años de información irregular, un mercado saturado de dispositivos cuestionables y la falta de campañas informativas contundentes, ahora se les pide a los conductores que confíen en la flexibilidad de la policía, mientras muchos ya han realizado inversiones significativas en las nuevas balizas y sus servicios asociados.
Pere Navarro, director general de Tráfico, ha dejado claro en varias ocasiones que «no habrá prórroga» respecto a la entrada en vigor de la baliza V16, que sustituirá definitivamente a los triángulos. Sin embargo, ha matizado que inicialmente, las fuerzas de seguridad adoptarán un enfoque más informativo, lo que implica que la sanción no será la norma en las primeras semanas. Esta medida busca facilitar la transición y permitir a los conductores adaptarse al nuevo sistema.
Sin embargo, esta falta de comunicación masiva y claridad ha generado críticas. Muchos conductores sienten que, a diferencia de otras medidas de tráfico que han contado con campañas amplias y recordatorios, la información sobre la V16 ha sido escasa y poco sistemática, lo que ha llevado a una situación caótica donde cientos de miles de automovilistas han adquirido balizas sin certeza sobre su validez futura.
Algunas voces incluso piden una investigación sobre posibles fraudes en la comercialización de estos dispositivos, sugiriendo que han sido orientados a contratar productos que no cumplirán con los requisitos necesarios. Esta situación es particularmente molesta para muchos, que ven cómo se ha creado un mercado millonario alrededor de un dispositivo que es obligatorio por ley, sin suficientes garantías de protección al consumidor.
La DGT argumenta que la V16 es una mejora en términos de seguridad vial, ya que permite colocar la señal sin salir del vehículo, reduciendo así el riesgo de atropellos en situaciones de emergencia. Sin embargo, la confianza de los conductores se ve afectada por la falta de un diálogo claro sobre cuestiones tecnológicas y de privacidad vinculadas al uso del dispositivo.
Además, se han levantado preocupaciones respecto a la seguridad de la V16 como un aparato de IoT que transmitirá datos a una infraestructura central. Investigaciones han revelado que algunos modelos presentan vulnerabilidades que podrían ser explotadas, lo que genera inquietudes sobre la robustez del sistema y las exigencias para su homologación.
La decisión de la DGT de permitir cierta flexibilidad inicial puede ser vista como una medida sensata para evitar sancionar a quienes aún no se han adaptado. No obstante, esta flexibilidad no puede ser un substituto para la claridad y la transparencia en la comunicación. Si ha existido una venta de dispositivos no válidos, si la información ha sido insuficiente o ambigua, es fundamental que las autoridades lo reconozcan y aborden las inquietudes sobre la seguridad del sistema.
La V16, que se suponía debía ser un avance en la seguridad vial, acaba convirtiéndose en un símbolo de una transición mal gestionada, salpicada de intereses comerciales, urgencias políticas y falta de pedagogía pública. A partir del 1 de enero, los triángulos de emergencia quedarán obsoletos, pero queda por ver si la DGT podrá deshacer las sombras que se han generado en torno a la baliza V16.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
