Enric Duran, conocido anteriormente como el Robin Hood de los Bancos, está actualmente encerrado en una prisión francesa en un incidente que ha capturado la atención de movimientos antisistema y colectivos okupas. Duran, cuya historia ha estado marcada por la controversia y la emblemática defensa de sus ideales, fue detenido en junio bajo acusaciones de blanqueo de dinero, en relación con una red de fraudes en línea. El Ministerio del Interior francés ha decidido dar un paso drástico, emitiendo un escrito de expulsión el 21 de noviembre que le prohibiría la entrada a Francia durante dos años, argumentando que representa una amenaza para el orden público. Esta expulsión se llevará a cabo una vez que Duran sea liberado de la cárcel de Osny-Pontoise, donde permanece bajo custodia.
A pesar de las graves acusaciones, Duran se ha declarado inocente, defendiendo su imagen como un trader de criptomonedas ético, transparente y respetado. Su historia se remonta a 2008, cuando solicitó 68 préstamos que sumaban un total de 498.000 euros utilizando documentos falsos, con la intención de no devolverlos y destinando el dinero a financiar campañas anticapitalistas. Este acto de desafío le valió una breve prisión y su posterior exilio en Francia, donde continuó su activismo en el ámbito de las criptomonedas y la economía cooperativa, participando en iniciativas como la Cooperativa Integral Catalana y Faircoin.
El núcleo de su actual problema legal gira en torno a su acusación de blanqueo de criptomonedas, específicamente Bitcoin, donde se le señala por facilitar el intercambio de euros por criptomonedas a clientes que, supuestamente sin su conocimiento, estaban involucrados en fraudes comerciales. Duran ha argumentado que él era solo uno de muchos traders y que ha sido injustamente señalado como el único culpable, mientras critica la falta de acción contra los bancos que facilitaron dichas transacciones fraudulentas. Sus recientes declaraciones han avivado el debate al criticar el sistema judicial y político de Francia, acusando al ministro del Interior, Bruno Retailleau, de utilizar la situación como herramienta de propaganda en su campaña de tolerancia cero hacia la inmigración.
Este caso no solo resalta aspectos legales intrigantes, sino que también plantea un debate más amplio sobre la legitimidad del sistema financiero, la justicia y las acciones de los activistas anticapitalistas. A medida que Duran espera su apelación, su figura polariza las opiniones; algunos lo ven como un símbolo de resistencia y otros como un delincuente. En este contexto, su situación continúa desarrollándose, manteniendo en un constante estado de expectación tanto a sus seguidores como a sus críticos.
