El Juzgado Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia por la cual el Departamento de Bienestar Social deberá abonar una cantidad de 406,67 euros a una limpiadora a la que no se le reconoció su quinto trienio de antigüedad debido a estar de baja laboral en el periodo correspondiente. Esta resolución judicial representa un paso importante en la defensa de los derechos laborales, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de la antigüedad, un aspecto fundamental en la carrera profesional de muchos trabajadores.
La trabajadora, cuyo nombre se ha mantenido en privacidad, contaba con más de 15 años de servicio en su puesto, lo que le permitía recibir el quinto trienio correspondiente a su trayectoria laboral. Sin embargo, durante el tiempo en el que estuvo de baja médica, la administración decidió no incluir este pago en su nómina. Ante esta situación, la empleada, con el respaldo de su sindicato, decidió llevar su caso ante los tribunales en busca de justicia.
Después de un proceso judicial que se prolongó varios meses, el juez determinó que la duración de la baja laboral no puede ser motivo para privar a un empleado de sus derechos adquiridos por antigüedad. Esta decisión se basa en la legislación laboral vigente, que establece claramente la acumulación de trienios como un derecho irrenunciable independientemente de las circunstancias personales que puedan afectar al trabajador. En consecuencia, se ordenó al Departamento de Bienestar Social a abonar la cantidad de 406,67 euros, correspondiente al monto que la limpiadora habría debido recibir por el trienio no reconocido.
Los sindicatos han recibido con satisfacción esta sentencia, considerándola como una victoria importante para los derechos laborales en el sector público. Según un portavoz sindical, este caso sienta un precedente significativo para los trabajadores que puedan encontrarse en situaciones similares, enfatizando la importancia de respetar y reconocer la antigüedad sin importar las circunstancias temporales que puedan afectar al empleado.
Por su parte, el Departamento de Bienestar Social ha aceptado la sentencia y se compromete a cumplir con el fallo judicial lo antes posible. Además, han anunciado que revisarán sus procedimientos internos para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar un trato justo y conforme a la ley para sus empleados.
Este caso resalta la importancia de la justicia laboral y el papel crucial que desempeñan los tribunales en la defensa de los derechos de los trabajadores. Asimismo, evidencia la necesidad de una gestión más rigurosa y equitativa por parte de las instituciones públicas para evitar perjuicios económicos y morales a sus empleados, asegurando un trato justo y legal.
Fuente: CCOO Castilla-La Mancha
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