La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene programado un juicio para los días 10 y 11 de septiembre, en el cual seis personas se enfrentarán a acusaciones por haber traído a España, procedentes de Colombia, a un total de siete mujeres con el objetivo de explotarlas sexualmente. La Fiscalía ha solicitado una pena de doce años y medio de cárcel para cada uno de los implicados.

Según la información proporcionada por la Fiscalía y a la que ha tenido acceso Europa Press, los acusados O.O.O.R. y A.K.P.N., quienes mantenían una relación sentimental, viajaron a Toledo junto a otros cómplices, entre ellos los hermanos J.J.R. y G.A.O.G. Estos individuos habrían estado involucrados en una organización delictiva que buscaba lucrarse a través de la prostitución de mujeres originarias de La Virginia, en Colombia, de donde provienen tanto O.O.O.R. como sus hermanos.

Los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando J.J.R. contactó a una amiga, identificada como B., con la propuesta de trasladarse a España bajo la promesa de ejercer la prostitución. Se acordó que la acusada recibiría un adelanto para su viaje, que incluiría pasaporte, pasajes aéreos y una suma de dinero en efectivo. Sin embargo, a cambio, le impusieron una elevada «deuda» que obligaba a B. a pagar 3.000 euros a O.O.O.R. utilizando el dinero obtenido de su trabajo en la prostitución, lo que representaba casi tres veces los gastos iniciales.

Este mismo modus operandi se repitió con otras mujeres, como C., D., E., G., H., J. y L. Algunas de ellas entraron a España a través de otros países, como Francia y Alemania, con el fin de eludir los controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A estas mujeres se les enseñó cómo promocionar sus servicios y se les exigió pagar un alquiler desproporcionado por su alojamiento.

La organización delictiva también incluía la venta de cocaína a clientes durante las citas, con O.O.O.R. supervisando el suministro de la sustancia en los lugares donde operaban.

Las autoridades se vieron involucradas cuando B. acudió a la comisaría de Toledo el 8 de diciembre de 2019 para denunciar su situación. A partir de su declaración, se inició una investigación que culminó en varios registros domiciliarios, donde se encontraron cocaína, dinero en efectivo y otros elementos que evidenciaron la actividad ilegal de la organización.

La Fiscalía ha presentado cargos graves contra los acusados, solicitando siete años de prisión por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además de un año por la vulneración de los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años y seis meses por un delito contra la salud pública. Todos los acusados son considerados coautores de los delitos mencionados.

vía: Diario de Castilla-La Mancha