La M-40 se ha convertido en una autopista sinónimo de multas en España, generando una intensa discusión sobre si su propósito es realmente la seguridad vial o si se ha transformado en un negocio para las administraciones. El kilómetro 20 es el punto más castigado, a pesar de no presentar un alto índice de peligrosidad según el Ministerio de Transportes. En 2024, este tramo acumuló 74.873 sanciones, representando el 20% de todas las denuncias por exceso de velocidad en la Comunidad de Madrid.
La situación es aún más desconcertante al comparar el kilómetro 20 con el kilómetro 10 de la misma vía, que muestra un índice de riesgo diez veces mayor, pero donde las infracciones son considerablemente menores. Mientras el kilómetro 20 solo registró cuatro accidentes con víctimas en 2022, el radar sigue «cazando» conductores a un ritmo alarmante. La combinación de un límite de velocidad de 80 km/h y una señalización clara no parece ser suficiente para disuadir a los infractores o, posiblemente, los conductores no están plenamente conscientes del riesgo.
El fenómeno de multas no se limita a un solo tramo de la M-40. A unos 30 kilómetros, el radar del kilómetro 52 también figura entre los más activos, acumulando 33.000 denuncias en 2024. A pesar de que este tramo presenta un índice de peligrosidad más alto y contabilizó diez accidentes con víctimas en 2022, el radar continúa siendo un imán para las sanciones, contribuyendo a casi la mitad de las multas impuestas en carreteras secundarias de la región.
Un informe de Automovilistas Europeos Asociados destaca que Madrid es la comunidad con más multas por kilómetro, registrando un promedio de 202 al día y un total de 657.070 denuncias en 2024, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior. Esto contrasta con Andalucía, que lidera en cifras absolutas debido a su tamaño, mientras que Madrid se lleva el galardón en densidad de sanciones.
La crítica hacia la DGT es contundente. Muchos argumentan que los «radares camuflados», lejos de estar en zonas de alto riesgo, se ubican estratégicamente para fomentar la recaudación. Un estudio revela que el 70% de los accidentes graves se registran en carreteras secundarias, donde la vigilancia es escasa, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la política de radares.
Casos extremos también se han reportado, como el radar en la A-5, que pasó de multar a 141 conductores en 2023 a 2.900 en 2024, un aumento sorprendente del 2.000%. En otro tramo, el km 24 de la A-1, se observó un incremento del 145% en las infracciones.
El Ayuntamiento de Madrid tampoco se queda atrás en la recaudación. En 2024, impuso 2,7 millones de multas, alcanzando una cifra histórica de 378 millones de euros, en su mayoría por acceder a la Zona de Bajas Emisiones sin autorización, un problema que se exacerbó tras la ampliación del perímetro. Las cámaras automáticas dispararon las denuncias en un 1.331%, aunque muchos de estos casos fueron anulados por falta de señalización adecuada.
A pesar de la bajada en las sanciones por alcoholemia, exceso de velocidad y conducción con el móvil, la pregunta persiste: ¿ha cambiado la prioridad de las políticas de seguridad vial? En este contexto, el caso del kilómetro 20 de la M-40 deja entrever que la recaudación puede estar por encima de la seguridad, una cuestión que todavía no ha encontrado una respuesta clara.
