El Gobierno de Salvador Illa en Cataluña está promoviendo la abolición de la prostitución como una de las medidas clave de su nuevo Plan Estratégico de Políticas de Igualdad de Género (PEPIG), en etapa de desarrollo. Este plan, que se prevé implementarse en 2026, busca integrar la perspectiva de género en las políticas públicas de la región, aunque enfrentar la erradicación de la prostitución conlleva numerosos desafíos.
Según datos del Ministerio de Igualdad de 2024, Cataluña alberga un tercio de las mujeres en riesgo de explotación sexual en España. Expertos advierten que un modelo abolicionista requiere de medidas claras y recursos específicos para garantizar su eficacia, aspectos que aún no están claramente definidos en el plan.
Además del tema de la prostitución, el PEPIG también contempla la prohibición de los vientres de alquiler, un asunto que suscita divisiones políticas. Mientras el PSC se muestra a favor de la abolición, ERC y los Comunes defienden un enfoque regulador, complicando la posibilidad de un consenso. Las competencias de la Generalitat en esta materia son limitadas, lo que restringe su capacidad de actuación.
Núria González, abogada especializada en derechos humanos y miembro de la Plataforma Feminista Catalana Abolicionista (CATAB), resalta que el éxito del plan dependerá de la implementación de acciones concretas, tales como:
- Persecución de la demanda: Penalizar a quienes explotan o se benefician de la prostitución.
- Combate al proxenetismo: Eliminar todas las formas de intermediación.
- Plan de acompañamiento: Ofrecer alternativas reales a las mujeres en situación de prostitución.
González enfatiza que el Estado ha permitido esta situación y debe asumir su responsabilidad. La falta de recursos para la reinserción es un punto crítico que debe abordarse.
El debate sobre la regulación de la prostitución versus su abolición sigue vigente. González rechaza la noción de una "prostitución voluntaria", considerándola como una forma de violencia sistémica. Según ella, la idea de la ‘puta voluntaria’ oculta que un 40% de los hombres admite haber pagado por sexo, lo que cuestiona la normalización de una práctica basada en la explotación.
A pesar de la retórica abolicionista, las políticas concretas son escasas. González critica la impunidad con la que operan los burdeles y la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a las mujeres. "El Estado debe destinar recursos específicos. Hasta ahora, solo hay palabras, no acciones", denuncia.
El modelo sueco, pionero en la abolición de la prostitución hace 25 años, sirve como referencia. En Suecia, la práctica ha perdido aceptación social, demostrando que un cambio en la percepción pública es posible. Por el contrario, en Barcelona, al menos ocho redes de explotación sexual continúan operando, donde la demanda supera la oferta, especialmente en eventos masivos.
La abolición enfrenta no solo intereses económicos, sino también estructuras de desigualdad profundamente arraigadas. González afirma que prohibir la prostitución debe considerarse "un acto de reparación hacia las mujeres".
El ambicioso plan del Govern catalán marcará una senda hacia la igualdad, aunque su éxito dependerá en gran medida de la voluntad política para transformar las declaraciones en acciones concretas.
