El Partido Popular (PP) ha intensificado su estrategia ofensiva contra el presidente Pedro Sánchez en relación con el aumento del gasto en Defensa, que se planea elevar al 2% del PIB para 2025 sin el respaldo del Congreso. La advertencia lanzada por FAES, la fundación presidida por José María Aznar, ha tomado un protagonismo significativo al declarar: «O rendición de cuentas, o rendición de la democracia». Esta contundente frase se ha convertido en el estandarte del PP en su intento por frenar las acciones del Gobierno.
Las críticas del PP se han intensificado, sobre todo tras la decisión de Sánchez de destinar 10.400 millones de euros a la Defensa, financiados mediante una polémica reorientación de fondos europeos Next Generation, originalmente destinados a ciberseguridad y otros fines. Desde Génova, se ha tomado la delantera al exigir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la finalidad de obtener explicaciones sobre la falta de escrutinio parlamentario que consideran se está llevando a cabo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se encuentra en el centro de la tormenta política. Su imagen se ha visto perjudicada tras la decisión de Sánchez de cancelar un contrato de armamento con Israel, lo que llevó a la oposición a cuestionar su liderazgo. Marlaska comparecerá en la Comisión de Interior del Congreso, donde se espera que la oposición resalte las contradicciones del Gobierno.
Los populares, a través de su portavoz en el Senado, Alicia García, han manifestado su intención de entender el origen de los fondos destinados a la Defensa y han calificado el plan de «cacicada antidemocrática». A su juicio, esta estrategia no solo carece de un gasto militar «estructural», sino que también podría enfrentar un rechazo desde Bruselas sobre el desvío de partidas comunitarias. Además, advierten que el objetivo del 2% podría resultar insuficiente, dada la posibilidad de que la UE considere elevar la meta al 3%.
El ambiente en el Congreso se ha vuelto hostil para Sánchez, dado que sus aliados, incluido Sumar, muestran resistencia a aumentar la inversión militar. Esta situación convierte la Cámara Baja en un «campo de minas» para el Ejecutivo, que deberá navegar cuidadosamente entre los intereses de sus socios. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que se recurrirán a todas las vías posibles, incluidas las acciones judiciales, considerando que Sánchez podría estar violando el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional, que estipula que estos gastos deben ser autorizados por el Parlamento.
Mientras tanto, el Gobierno ha pospuesto la presentación de los Presupuestos Generales hasta 2026, alegando una falta de apoyos, lo cual es interpretado por el PP como un indicio de opacidad. Feijóo, en un reciente desayuno informativo, condenó esta falta de transparencia y consenso, afirmando que Sánchez está «dinamitando las reglas del juego».
La batalla política por el aumento del gasto en Defensa apenas comienza, con el PP prometiendo que la rendición de cuentas se exigirá «en las urnas, en los tribunales o en el Senado». La confrontación por el 2% del PIB está destinada a ser un tema candente en los próximos meses.
