Las comunidades del Partido Popular (PP) que participan en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) han decidido emprender acciones legales debido a la falta de respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación con su solicitud de aumento de plazas en Medicina Familiar y Comunitaria. Esta decisión fue anunciada por el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, al término de una reunión con García.
Vázquez Ramos enfatizó que la indiferencia de la ministra ante esta petición obligará a las comunidades autónomas del PP a tomar «medidas de tipo administrativo y legal». El consejero destacó la urgencia del problema, afirmando que la escasez de médicos en atención primaria es una cuestión crítica que no puede esperar. Según sus estimaciones, el sistema sanitario necesita entre 5,000 y 6,000 nuevos médicos de medicina familiar y comunitaria para satisfacer la demanda existente.
En relación al reciente consenso sobre el plan de salud mental, Vázquez Ramos aseguró que el PP apoya esta iniciativa, respaldada por diversas sociedades científicas. Sin embargo, hizo hincapié en que la falta de profesionales, como psiquiatras y psicólogos clínicos, podría comprometer la implementación de este ambicioso plan. La comisionada de salud mental incluso manifestó su sorpresa al señalar que la viabilidad del plan resulta complicada.
El consejero también cuestionó la financiación destinada a este plan, que asciende a 39 millones de euros, lo que se traduce en un gasto aproximado de 80 céntimos por cada ciudadano español. Criticó esta situación afirmando que podría percibirse como una simple intención sin un respaldo real: «No sé si estamos ante una situación de un brindis al sol o de querer cubrir un expediente».
Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se unió a las críticas, instando a la ministra y a la comisionada a reunirse con las comunidades autónomas para revisar el panorama de profesionales en el área de salud mental con el fin de aumentar su número, especialmente en el área de los psicólogos clínicos. Matute también mostró su insatisfacción por la falta de información y el cúmulo de asuntos pendientes que se debieron aplazar durante la reunión, como la distribución presupuestaria para la atención a refugiados.
En resumen, la postura del PP se centra en la necesidad de desarrollar un plan nacional de recursos humanos que abarque no solo la salud mental, sino también otras especialidades críticas como la medicina familiar y comunitaria.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
