Toledo ha sido el escenario de una reunión crucial liderada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, enfocada en la nueva planificación hidrológica correspondiente al período 2028-2033. Este encuentro es considerado clave para el futuro del regadío en la región, ya que la gestión del agua resulta esencial para la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria local.

La reunión reunió a diversos representantes del sector agrario, comunidades de regantes y la administración regional. Entre los asistentes se encontraban el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y varios representantes de comunidades de regantes y asociaciones agrarias.

Durante el evento, se expusieron preocupaciones del sector agrario, que se siente inquieto ante el endurecimiento de las condiciones para el uso del agua en regadío, la incertidumbre sobre las dotaciones y concesiones, y la necesidad de establecer una planificación basada en datos concretos. Los participantes hicieron hincapié en la importancia de una gestión diferenciada del agua, evitando recortes homogéneos que ignoren las particularidades de cada cuenca.

Martínez Lizán subrayó la necesidad de defender un modelo de regadío que sea social, productivo y compatible con la sostenibilidad. Destacó que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad en superficie de regadío en España y se considera una de las más eficientes en el uso del agua, gracias a que el 70 por ciento de los regadíos en la región se lleva a cabo mediante sistemas de riego localizado, lo que permite un aprovechamiento eficaz.

Las discusiones se centraron en la Cuenca del Segura y la Cuenca del Júcar, áreas que impactan directamente en la provincia de Albacete. En el caso del Segura, se destacó la desigualdad en la distribución del agua; aunque la provincia abarca el 25 por ciento de la superficie de la cuenca, solo recibe el 10 por ciento del agua disponible. Esta realidad pone en jaque la actividad agraria y la sostenibilidad de los municipios que dependen de esta cuenca. Los regantes solicitaron una diferenciación del regadío para cultivos leñosos y una revisión de la información acerca de masas de agua.

Por su parte, la Cuenca del Júcar es vista como estratégica para la región, dado que el 71 por ciento de su superficie pertenece a Castilla-La Mancha. Sin embargo, persiste la preocupación por eventuales recortes del 35 por ciento en las concesiones y la necesidad de gestionar de manera equilibrada el creciente consumo de agua en las áreas costeras.

Los representantes de ambos territorios coincidieron en la importancia de establecer reglas claras y fomentar una verdadera cogestión entre las administraciones y los regantes. Además, se abordó la urgencia de realizar inversiones para mejorar la infraestructura hídrica y garantizar la sostenibilidad del acuífero.

Ante los retos planteados por la Directiva Marco del Agua, el Ejecutivo regional está evaluando cómo afrontar jurídicamente estos desafíos. El consejero de Agricultura destacó que Castilla-La Mancha promueve una normativa que no comprometa la viabilidad del medio rural. En este contexto, se ha abierto un proceso de alegaciones donde se espera la participación activa de los diferentes actores involucrados en la gestión del agua.

vía: Diario de Castilla-La Mancha