El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso paquete de 12 medidas para abordar la crisis de acceso a la vivienda en España, destacando los objetivos de aumentar la oferta, mejorar la regulación y reforzar las ayudas. Durante su intervención en el foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’, Sánchez subrayó que el acceso a una vivienda digna es uno de los retos más apremiantes para las sociedades modernas. Sin embargo, las propuestas han generado escepticismo, con críticas que apuntan a su limitado impacto en un problema estructural.

Más vivienda: iniciativas públicas y colaboración privada

Sánchez destacó que España cuenta con un porcentaje de vivienda pública (2,5%) muy por debajo de países como Francia (14%) o los Países Bajos (34%). Para paliar esta situación, anunció la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda, que también gestionará 30.000 viviendas de la Sareb (13.000 de ellas de forma inmediata). Estas propiedades se destinarán al alquiler asequible para jóvenes y colectivos vulnerables.

El Gobierno también planea reforzar la capacidad de la Empresa Pública de Vivienda para adquirir suelo y propiedades, asegurando que las viviendas construidas con fondos públicos permanezcan en manos públicas de manera indefinida. En paralelo, se incentivará la promoción de viviendas asequibles mediante una colaboración público-privada, respaldada por los 6.000 millones de euros en avales del ICO anunciados previamente, con el objetivo de construir 25.000 viviendas nuevas.

Además, se creará un PERTE de Viviendas enfocado en la innovación y construcción industrializada para abaratar costes y reducir tiempos de construcción, con sede en Valencia.

Regulación: control a pisos turísticos y cambios fiscales para socimis

El paquete de medidas incluye una reforma para que los pisos turísticos tributen como negocios, eliminando la ventaja fiscal que actualmente tienen frente a hoteles y otras actividades económicas. También se ajustará el régimen fiscal de las socimis, limitando sus beneficios fiscales únicamente a las viviendas destinadas al alquiler asequible.

Otra medida destacada es la restricción a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, quienes deberán pagar el 100% del valor del inmueble como impuesto en estas transacciones, una práctica similar a la aplicada en Canadá y Dinamarca. Asimismo, se intensificarán las inspecciones para combatir el fraude en los alquileres de temporada.

Movilización de viviendas vacías y apoyo a propietarios responsables

El Gobierno buscará rehabilitar viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible mediante ayudas específicas para reformas, siempre que los inmuebles se alquilen a precios asequibles durante al menos cinco años. Además, se implementará un sistema de garantías públicas que protejan tanto a propietarios como a inquilinos, inicialmente enfocado en arrendamientos a menores de 35 años.

Otra medida es la exención total del IRPF para propietarios que alquilen viviendas bajo el Índice de Referencia de Precios, independientemente de si están en zonas tensionadas.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda para 2026

Sánchez adelantó la creación de un Plan Estatal de Vivienda para 2026, con especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables. Este plan incluirá ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación, siguiendo la línea de los 20.000 millones de euros destinados a estas áreas en la última legislatura.

Críticas y desafíos de implementación

Aunque las medidas buscan abordar problemas urgentes, expertos y sectores del mercado han señalado que muchas de ellas son insuficientes o difíciles de implementar en un mercado inmobiliario tensionado. La dependencia de la colaboración público-privada y la limitada capacidad de ejecución de la nueva Empresa Pública de Vivienda generan dudas sobre si estas iniciativas tendrán un impacto real a corto plazo.

Además, las restricciones fiscales y normativas, como las aplicadas a socimis y pisos turísticos, podrían reducir la inversión en el sector inmobiliario, agravando la ya limitada oferta de viviendas en alquiler.

Un paso necesario, pero insuficiente

Las medidas anunciadas por el presidente reflejan un esfuerzo por responder a la creciente presión social en torno al acceso a la vivienda. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de su correcta implementación y de la capacidad del Gobierno para afrontar los desafíos estructurales del mercado inmobiliario español. Mientras tanto, millones de personas seguirán enfrentando dificultades para acceder a una vivienda digna, dejando claro que el camino hacia una solución definitiva aún es largo.

vía: Noticias Madrid