Recientemente, el Congreso de los Diputados se convirtió en el escenario de un intenso enfrentamiento dialéctico entre José María Figaredo, diputado de Vox, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda. En el centro del debate se levantó una pregunta crucial: ¿qué porcentaje de los ingresos de un trabajador que percibe el salario mínimo interprofesional (SMI) en España termina en las arcas del Estado? Las cifras ofrecidas por ambos bandos desataron un acalorado debate en los medios de comunicación y en la opinión pública.

Figaredo argumentó que el Estado se queda con más del 50 % del salario recibido por los trabajadores que cobran el SMI, una cifra que Montero rechazó de forma contundente, argumentando que estos ingresos están exentos del pago del IRPF. La ministra tildó de «barbaridad» las afirmaciones del diputado, asegurando que ese porcentaje no se aplica en impuestos directos. Sin embargo, un examen más profundo de los números arroja una realidad matizada.

De acuerdo con un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el SMI para 2024 se establece en 15.876 euros brutos anuales. Aunque Montero tiene razón al señalar que este salario no está sujeto al IRPF, Figaredo incluyó en su cálculo otros conceptos como las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos.

A pesar de que el IRPF no se aplica en estos casos, los trabajadores que reciben el SMI incurre en varios pagos obligatorios:

1. IVA y otros impuestos indirectos: El tipo efectivo medio del IVA para los trabajadores del quintil más bajo se estima en un 12,4 %, lo que representa aproximadamente 1.968 euros anuales.

2. Impuestos especiales: Sobre artículos como hidrocarburos, alcohol y tabaco, el promedio es de aproximadamente 2 %, es decir, 317 euros anuales.

3. IBI (en casos aplicables): No todos los trabajadores abonan este impuesto, pero el promedio entre quienes sí lo hacen es del 1,64 %, equivalente a 260 euros anuales.

4. Cotizaciones sociales a cargo del trabajador: Estas cotizaciones se establecen en un 6,47 % del salario bruto, lo que equivale a 1.027 euros anuales.

En total, los pagos obligatorios, tanto directos como indirectos, llegan a 3.612 euros anuales, representando cerca del 22 % del SMI.

En cuanto a las cotizaciones que financia el empleador en favor del trabajador, Figaredo también debutó con cifras que indican que esto equivale al 30,48 % del salario bruto (alrededor de 4.837 euros anuales). Así, tomando en cuenta este costo total laboral, el salario total de un trabajador con SMI se eleva a 20.713 euros anuales. De este total, el Estado recauda aproximadamente 8.449 euros, lo cual corresponde a un 40 % del valor añadido generado por el trabajador.

Este análisis sugiere que la realidad se aproxima más a la cifra que Figaredo presentó que a la interpretación de Montero. Aunque el porcentaje del 54 % puede ser cuestionado por incluir costes empresariales, el cálculo realista sugiere que el 40 % del valor generado por un trabajador con SMI va a parar al Estado.

El intercambio entre Figaredo y Montero ilustra la urgencia de establecer un debate más claro sobre la fiscalidad en España. Si bien es cierto que los trabajadores se benefician de servicios públicos y transferencias del Estado, ignorar el impacto de los impuestos indirectos y las cotizaciones empresariales no favorece un análisis honesto. A medida que el SMI y las cuestiones fiscales siguen siendo temas cruciales en la agenda pública, es vital presentar todas las cifras para facilitar decisiones informadas y balanceadas.