Desde las costas de Imperia en Liguria hasta las orillas de Trapani en Sicilia, un aire de celebración envuelve a los pescadores italianos tras el reciente acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE el pasado 10 de diciembre. Este acuerdo, considerado un “éxito” por parte de Italia, ha generado reacciones contrastantes en el sur de Europa, especialmente en el Mediterráneo andaluz, donde los pescadores, lejos de celebrar, han expresado su descontento y han iniciado una parada de protesta. La federación de cofradías de pesca de Málaga vocaliza el sentir general en la región, acusando una constante presión y discriminación sobre sus actividades. El acuerdo, recibido con euforia por un lado y con decepción por el otro, revela las disparidades y tensiones que un mismo acto legislativo puede generar entre comunidades similares.
El ministro italiano de Agricultura, Francesco Lollobrigida, parte del gobierno de Giorgia Meloni, ha subrayado este acontecimiento como un logro sin precedentes para Italia. Por su parte, el español Luis Planas ha presentado una visión más moderada, destacando el intensivo trabajo detrás de este acuerdo que ha conseguido revertir una propuesta inicial de la Comisión Europea que buscaba reducir la capacidad de pesca de los barcos andaluces, murcianos, valencianos y catalanes en un 79%, lo que implicaría permitirles pescar solamente 27 días al año.
El acuerdo, aunque no contempla reducciones porcentuales en la capacidad de pesca, incorpora ciertas condiciones como el uso de mallas de un tamaño específico y el empleo de determinadas artes de pesca, representando gastos adicionales considerables para los armadores. Pese a ello, Bruselas ha abierto la puerta al uso de fondos europeos para afrontar estos imprevistos, medida que Luis Planas se ha comprometido a financiar.
Sin embargo, la obligatoriedad de estas medidas y el coste que conllevan han provocado malestar entre los pescadores de Málaga, que se sienten injustamente presionados. María del Carmen Navas, presidenta de la Federación de Cofradías de Pescadores de Málaga, insiste en que la presión no solo debería recaer sobre los pescadores españoles, italianos y franceses, sino también sobre otros países como Marruecos, Argelia o Túnez, cuyos pescadores pueden faenar sin las mismas restricciones, afectando de manera directa la competencia y la sostenibilidad del Mediterráneo.
La implementación de las nuevas mallas y otras medidas técnicas, aunque permitirá mantener los días de faena de 2024, plantea dudas sobre su efectividad y rentabilidad, especialmente en cuanto a la captura de ciertas especies. Además, la inmediatez de estas medidas, con pocos meses para su implementación, ha generado incertidumbre e insatisfacción en el sector, que aboga por un periodo de transición y estudios adicionales para evaluar el impacto real de estas propuestas.
Mientras tanto, en Italia, el tono es completamente distinto. Paolo Tiozzo y Francesca Biondo, de Confcooperative Fedagripesca y Federpesca respectivamente, junto a Coldiretti, expresan su satisfacción y alivio por el resultado del acuerdo, resaltando el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y supervivencia económica conseguido tras meses de arduo trabajo y negociación.
La situación en el Mediterráneo pone de manifiesto las complejidades y desafíos de política pesquera en la UE, enfrentando a comunidades dentro de un marco de necesidades y recursos compartidos, pero con realidades muy distintas. La búsqueda de una pesca sostenible choca con las realidades económicas de las comunidades costeras, generando un escenario de constante negociación en el que cada acuerdo puede representar tanto un triunfo como una derrota, dependiendo de la orilla en la que se encuentre.
