La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presentado un nuevo decreto que regulará la gestión de purines en las explotaciones porcinas de Castilla-La Mancha, el cual entrará en vigor este sábado tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Este decreto busca establecer medidas más estrictas para la gestión de residuos en estercoleros, exigiendo que estos se ubiquen a más de 2.000 metros de las áreas urbanas.

Una de las restricciones más notables es la prohibición de la aplicación directa de purines para su valorización agronómica, salvo que sean previamente tratados. Esta norma se implementa como respuesta a las quejas de varios municipios que han experimentado problemas de olores y contaminación de suelos relacionados con las explotaciones porcinas.

Gómez ha señalado que actualmente hay 61 explotaciones en moratoria a la espera de esta nueva regulación. El Gobierno regional se encargará de notificar a ayuntamientos, empresarios y promotores sobre esta legislación, que afectará a un total de 1.258 explotaciones en la región, de las cuales 326 ya contaban con autorización ambiental integrada.

El decreto nace tras la moratoria establecida por la ley 1/2022, que suspendió nuevas solicitudes de concesión mientras se planificaba una transformación del sector porcino y se actualizaba el sistema de manejo de residuos. Para su elaboración, se creó un equipo técnico y científico en colaboración con organizaciones agrarias, grupos conservacionistas y plataformas vecinales, buscando abordar las problemáticas existentes y aumentar la transparencia en la gestión de purines.

Entre las medidas técnicas que se introducirán se encuentran la utilización de prensas centrífugas, digestión anaerobia y aerobia, compostaje, entre otras metodologías avanzadas, con el objetivo de mejorar el tratamiento de los purines. Además, se prohibirá el uso de estos residuos en los meses de julio y agosto para evitar la dispersión de olores desagradables.

No obstante, el decreto contempla excepciones importantes, especialmente para la ganadería extensiva y explotaciones familiares, que tendrán plazos de adaptación más amplios. Las explotaciones con menos de 240 Unidades Ganaderas y aquellas ya autorizadas también disfrutarán de periodos de exención para ajustarse a la nueva normativa.

La consejera ha indicado que se establecerán ayudas para facilitar la adopción de nuevas tecnologías por parte de los ganaderos y se prohibirá la entrada de purines provenientes de otras comunidades autónomas para su valorización en Castilla-La Mancha. Además, el Gobierno regional se ha comprometido a un plan de biometanización para el año 2030, dirigido a proporcionar fertilizantes de alta calidad a los agricultores y promover un uso responsable de la materia orgánica, reduciendo la dependencia de fertilizantes minerales que contribuyen a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

Gómez ha destacado la relevancia de esta normativa y de las medidas de seguimiento que incluirán la participación de representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y grupos conservacionistas, asegurando el cumplimiento de los planes de gestión de estiércoles y fomentando las mejores prácticas en el sector.

El sector porcino en Castilla-La Mancha representa el 18% del PIB y genera 33.000 empleos, con una producción total de carne que alcanza las 400.000 toneladas. La consejera concluyó enfatizando que el objetivo de este nuevo decreto es garantizar una gestión adecuada de los purines que minimice los perjuicios para la población y el medio ambiente.

vía: Diario de Castilla-La Mancha