La Conferencia de Presidentes Autonómicos, llevada a cabo en Santander, se inició en un ambiente de tensiones debido al polémico debate sobre la financiación singular acordada para Cataluña, conocido como el «cupo catalán». En medio de críticas y unificación del Partido Popular (PP) en su oposición a estas concesiones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Política Fiscal y Financiera será convocado en enero para discutir la posibilidad de que el Estado asuma parte de la deuda autonómica.
Esta propuesta busca abordar dos objetivos clave: reducir las fricciones provocadas por la financiación especial de Cataluña, que ha sido motivo de controversia incluso en comunidades socialistas como Asturias y Castilla-La Mancha, y debilitar el frente opositor del PP, que ha mantenido una resistencia contundente ante las demandas independentistas y los acuerdos con el Gobierno.
A pesar de que el Ministerio de Hacienda ya cuenta con cálculos específicos para cada autonomía, hay escepticismo en regiones que históricamente han enfrentado una infrafinanciación. Estas comunidades temen que la propuesta no traiga beneficios equitativos y defienden la necesidad de eliminar la deuda y establecer un fondo transitorio que alivie su carga económica.
En otro punto de la agenda, el Gobierno propuso la reprogramación de parte de los fondos europeos, como el FEDER y el FSE+, con el fin de proporcionar apoyo a regiones afectadas por la DANA, como la Comunidad Valenciana. Sánchez reafirmó su compromiso de reformar el modelo de financiación autonómica para asegurar una distribución más justa de recursos y preservar la solidaridad territorial.
En un esfuerzo por encontrar consenso en un escenario complicado, el Ejecutivo ha decidido priorizar cuestiones que generen un amplio acuerdo, como la reforma de la Ley del Suelo. Esta normativa, que había sido retirada en mayo por falta de respaldo, busca acelerar la construcción de viviendas asequibles, ofrecer mayor seguridad jurídica en la modificación de planes urbanísticos y adaptar la legislación a los desafíos del cambio climático. Sánchez también instó a las comunidades a aplicar la Ley de Vivienda, diseñada para proteger el parque de viviendas públicas asequibles, pese a su implementación limitada hasta el momento.
La gestión de menores migrantes no acompañados también ocupó un lugar central en las discusiones. Las comunidades del PP solicitaron soluciones inmediatas, mientras que el Gobierno apeló a la solidaridad territorial y a criterios objetivos para distribuir responsabilidades. Desde Moncloa, se defendió la necesidad de establecer una política migratoria fundamentada en evidencia científica y en las necesidades demográficas, alineada con acuerdos internacionales que favorezcan la migración regular e integración.
En el sector sanitario, el Ejecutivo anunció una inversión extraordinaria de 223 millones de euros destinados a financiar soluciones innovadoras basadas en Inteligencia Artificial. Este esfuerzo tiene como fin optimizar la atención sanitaria y mejorar la eficiencia del personal médico. Además, se comprometió a aumentar la financiación para las plazas universitarias en profesiones sanitarias, aunque esto estará condicionado a la cofinanciación por parte de las comunidades autónomas.
