En un giro inesperado en la política española, el Partido Popular (PP) y Junts han alcanzado un acuerdo que establece la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, actualmente fijado en un 7%. Este pacto, que también tiene el respaldo de Vox, ERC y el PNV, ha descolocado al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha intentado bloquear su tramitación en el Congreso de los Diputados.

La medida propuesta por el PP y Junts busca reducir el impuesto al 0% siempre que no se presente déficit de tarifa, lo que se traduce en un ahorro estimado de 1.100 millones de euros. Según los cálculos del PP, las familias podrían beneficiarse con un ahorro de 400 millones, mientras que las pymes ahorrarían 500 millones y las grandes industrias 200 millones. Aunque el impacto individual en las facturas de los hogares podría parecer modesto, con una reducción aproximada de 1,64 euros al mes, el beneficio colectivo es considerable, especialmente para los sectores productivos. El acuerdo incluye, además, medidas dirigidas a la industria de cogeneración, en línea con el plan estratégico de Alberto Núñez Feijóo, reforzando así la agenda económica del PP centrada en la competitividad empresarial y la rebaja fiscal.

Desde la sede del PP en Génova se ha enfatizado que no se trata de una alianza formal con Junts, sino de una “coincidencia programática”. Sin embargo, este pacto evoca al histórico Pacto del Majestic de 1996 entre el PP de José María Aznar y CiU, que marcó importantes hitos en la financiación autonómica y el traspaso de competencias. A pesar de las tensiones derivadas del procés y de la reciente ley de amnistía, la convergencia en materias económicas ha favorecido este acercamiento entre PP y Junts. Para el PP, este acuerdo no solo fortalece su imagen como un partido negociador, sino que también puede abrir las puertas a nuevas alianzas estratégicas de cara al futuro.

El Gobierno de Sánchez ha reaccionado con preocupación, argumentando que esta medida implicaría una pérdida de ingresos de 1.500 millones de euros. Para frenar el avance de la enmienda, se intentó aplazar sin fecha la Comisión de Transición Ecológica. Mientras tanto, el PSOE y Sumar buscan retrasar la iniciativa para poder retomar el texto original de la ley o persuadir a ERC de retirar su apoyo a esta enmienda.

Desde el PP se afirma que este pacto es solo el inicio de una colaboración más amplia con Junts, cuyo rol en el Congreso es clave para la formación de mayorías. Este acuerdo podría allanar el camino para futuras negociaciones que aprovechen la posición estratégica de Junts, permitiendo presionar tanto al Gobierno como al principal partido de la oposición.

El momento en que se desarrolla este acuerdo es delicado para el Ejecutivo de Sánchez, cuya dependencia de sus socios parlamentarios se torna cada vez más evidente. La amenaza de una cuestión de confianza, sugerida por Carles Puigdemont, intensifica la presión sobre el Gobierno, mientras que el PP busca afianzarse como una alternativa viable y capaz de dialogar con variados actores políticos.

En la Cámara Alta, el PP persistirá en impulsar medidas como rebajas fiscales y ayudas para jóvenes y víctimas de fenómenos meteorológicos como la DANA, confiando en mantener el apoyo de Junts. El próximo pleno del 18 de diciembre será crucial para determinar si este acercamiento se convierte en una colaboración más estable. Mientras unos ven esta alianza como una oportunidad para avanzar en asuntos económicos de interés común, otros la consideran el inicio de un reposicionamiento estratégico en el mapa político español, con posibles implicaciones para futuros pactos parlamentarios.