Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han solicitado una reunión urgente con el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. Esta petición, registrada este viernes, tiene el objetivo de abordar los “riesgos de privatización” que podría implicar la futura Ley de Simplificación Administrativa en la región.
Victoria Ortiz, representante de CSIF, ha explicado que la solicitud ha surgido tras la inclusión en el anteproyecto de ley de figuras como las entidades colaboradoras de la Administración, que serían entidades privadas. Ortiz ha destacado que estas entidades tendrían la capacidad de llevar a cabo procedimientos administrativos actualmente gestionados por empleados de la Función Pública, como solicitudes de ayuda, certificaciones y autorizaciones.
El nuevo marco legal planteado permitiría que, al gestionar las solicitudes de los ciudadanos, la Función Pública no intervenga, dejando esta tarea en manos de entidades colaboradoras. Según los sindicatos, esta modificación supone un grave riesgo de privatización de las responsabilidades administrativas, causando gran inquietud entre los trabajadores del sector público.
José Luis Martínez, del sector autonómico de CCOO, también ha manifestado su preocupación sobre el asunto. A pesar de que la intención aparente de la ley es la de agilizar la burocracia, Martínez advierte que el anteproyecto podría amenazar las potestades que deben seguir estando en manos del personal funcionario, lo cual representa una garantía para los ciudadanos.
Además, el texto introduce una nueva figura de declaración responsable que permitirá a los ciudadanos comenzar procedimientos que antes requerían una autorización expresa de la Administración. Martínez ha señalado los peligros asociados a esta medida, mencionando eventuales daños irreparables en áreas sensibles como el patrimonio cultural o el medio ambiente.
Por su parte, Rosario Madrigal, delegada de UGT, ha puesto de relieve el coste económico que podría acarrear el uso de estas entidades colaboradoras, así como el potencial riesgo de manejo indebido de datos sensibles por parte de organizaciones que no pertenecen al sector público.
Gustavo Fabra, del sindicato STAS C-LM, ha hecho un llamado al Gobierno de Castilla-La Mancha para establecer un diálogo social sobre este anteproyecto, que se ha introducido sin consulta ni participación de los sindicatos. Fabra ha expresado la necesidad de que la Junta aclare los motivos que justifican estas medidas y sus posibles repercusiones.
Para movilizar a la ciudadanía y a organizaciones sociales en defensa de la Función Pública, los cuatro sindicatos han preparado un manifiesto que será distribuido en colectivos vecinales, medioambientales y colegios profesionales. También han anunciado el inicio de asambleas en los centros de trabajo de la Junta, con la posibilidad de llevar a cabo futuras movilizaciones.
Fabra ha enfatizado la urgencia de proteger la potestad pública y ha criticado el hecho de que el anteproyecto incluya temas que la expresidenta María Dolores de Cospedal no se atrevió a abordar, instando a la administración a reflexionar sobre los costos que podría conllevar la privatización de servicios públicos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
