La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para celebrar un juicio este martes, 5 de noviembre, en el que L.S.P.L., un empresario del sector de la construcción originario de Illescas, enfrentará serias acusaciones de fraude contra la Seguridad Social. Este caso, que ha captado la atención de los medios, se centra en un delito que, según los cargos, se perpetró entre 2015 y 2018, y que se traduce en una cuantía total de 397.319,29 euros.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para el acusado, además de instar a que se le imponga una multa considerable, que asciende a 1.531.786,36 euros. De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, L.S.P.L. adquirió una empresa constructora en 2009 y trabajó como autónomo en la construcción de viviendas residenciales entre 2014 y 2018.

Durante este período, el empresario dejó de pagar sus cuotas de autónomo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), acumulando una deuda de 10.099,78 euros entre julio de 2015 y julio de 2018. La acusación sostiene que, a pesar de ser consciente de sus obligaciones, L.S.P.L. decidió no abonar las cotizaciones que correspondían a sus empleados. La cantidad debida por estas cotizaciones asciende a 382.946,59 euros, monto que, sumando principal, intereses y recargos, llega a los 387.209,51 euros.

La Fiscalía señala que el empresario no tomó medidas para regularizar su situación, como solicitar aplazamientos o buscar financiamiento alternativo. En este contexto, se han mencionado varios nombres de trabajadores que fueron dados de alta, pese a que el acusado no cumplió con sus obligaciones de cotización. Esta falta de acción ha llevado a la Fiscalía a calificar el caso como un delito agravado, lo que justifica la severidad de la pena solicitada.

En caso de que se produzca una condena, además de la prisión y la multa, se contempla una inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante la duración de la condena, así como la responsabilidad subsidiaria en caso de impago. Asimismo, la Fiscalía reclama una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social por un total de 398.046,37 euros, incrementada con los intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil.

En este contexto, la situación legal de L.S.P.L. se encuentra en un punto crítico mientras el juicio se encuentra a punto de comenzar, lo que podría tener importantes repercusiones fiscales y penales para el empresario.

vía: Diario de Castilla-La Mancha