El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España a llevar a cabo ajustes en el gasto público y a priorizar inversiones en áreas como la defensa y la digitalización, en el contexto de las nuevas normas establecidas por la Unión Europea (UE). En sus recientes recomendaciones, el FMI sugiere la implementación de reformas fiscales que incluyan aumentos de impuestos para las personas más acaudaladas y la eliminación de subvenciones a empresas, en un momento clave en el que España se encuentra en proceso de debatir una reforma fiscal que busca modificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su compromiso con una «reforma fiscal adicional» dentro del Plan Fiscal y Estructural remitido a Bruselas, cuyo objetivo es reducir el déficit en un período de siete años. Desde el FMI, se apoya la idea de redirigir el gasto hacia necesidades contemporáneas, tales como la transición digital, la sostenibilidad y la disminución de desigualdades, a la vez que se propone una mejora en la eficiencia del gasto, lo que redundaría en una sólida base impositiva y en la reducción del déficit.
El organismo sugiere que se reestructuren programas de gasto y transferencias, instando a que las ayudas generales, como las vinculadas a la crisis energética, sean transformadas en programas específicos que prioricen a los sectores más vulnerables. Esta reorientación permitiría liberar recursos para invertir en infraestructura y en la capacitación de la fuerza laboral, además de contribuir a la reducción del déficit. Estas recomendaciones se alinean con las metas marcadas por las reglas fiscales reactivadas en la UE, que buscan que los países fortalezcan sus reservas fiscales tras los déficits generados por la pandemia y la reciente crisis inflacionaria.
El Gobierno español también se ha comprometido en su Plan Fiscal y Estructural a elevar la recaudación fiscal del país al promedio europeo, que actualmente se sitúa en un 36,8% del PIB, cifra que se encuentra cuatro puntos por debajo de la media de la UE. Este plan contempla un aumento de los impuestos sobre los bancos y las empresas energéticas, aunque su implementación dependerá de la situación política y la viabilidad parlamentaria, dado el actual contexto de cierta inestabilidad.
El FMI enfatiza la necesidad de contar con un sistema fiscal más eficiente y progresivo, asegurando que aquellos con mayores recursos contribuyan proporcionalmente más al bienestar social. Asimismo, respalda la expansión de la base impositiva en España y la mejora en la digitalización de la Agencia Tributaria, con el fin de lograr un déficit más sostenible. Estas directrices se enmarcan dentro de las discusiones en el G20 sobre la posible implementación de impuestos mínimos globales para grandes corporaciones y los ingresos elevados.
La Comisión Europea llevará a cabo en noviembre la evaluación del Plan Fiscal y Estructural de España, un proceso que establecerá si las propuestas de ajuste y el cronograma de reformas propuestos cumplen con los estándares exigidos por la UE. Las presents propuestas del gobierno estarán sujetas a este marco, que busca equilibrar la sostenibilidad fiscal y las inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo del país.
