El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha acordado el sobreseimiento libre de la causa que se había abierto contra aproximadamente 30 personas por el presunto robo de grandes cantidades de cable de cobre en las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Esta decisión fue formalizada mediante un auto emitido el 24 de septiembre, según ha informado el Diario CLM.
La investigación, que había sido llevada a cabo por la Guardia Civil, incluyó el desmantelamiento de una supuesta red delictiva en 2022, en la que se realizaron 16 registros en localidades como Guillena, Camas y Sevilla. Durante estas operaciones, se confiscaron 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en efectivo, así como herramientas, maquinaria especializada, una escopeta calibre 12 que había sido robada, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas valoradas en aproximadamente 109.000 euros. También se incautaron nueve vehículos y otros útiles relacionados con la actividad delictiva.
Los investigadores habían identificado a esta organización como compuesta por varios clanes o familias originarias de países del Este de Europa, quienes se dedicaban a realizar robos, mientras que otros grupos operaban desguaces o chatarrerías para procesar los materiales sustraídos, generando así importantes beneficios económicos a través de actividades ilícitas. Se les atribuía un total de 103 delitos de robo, con un valor conjunto de 1,3 millones de euros, de los cuales la mitad correspondía a daños ocasionados durante los robos.
No obstante, el juzgado dejó claro en su auto que los elementos de prueba presentados por la investigación no eran suficientes para continuar con el procedimiento judicial. Las evidencias consistían principalmente en escuchas telefónicas, localización de móviles y grabaciones de cámaras de seguridad en lugares de encuentro de los investigados, pero no hubo interceptaciones de vehículos utilizados en los robos, ni se hallaron herramientas que evidenciaran su implicación en los delitos.
El juzgado destacó que «ni un solo viaje interceptado de los vehículos implicados» logró documentar la localización de cableado sustraído durante su transporte. Además, se concluyó que no había imágenes que identificaran a los investigados durante los actos delictivos ni que confirmaran la existencia de una organización criminal o la participación de un número concreto de personas. Aunque las escuchas mencionaban viajes y cargas de material robado, no ofrecían pruebas concluyentes sobre su origen.
Asimismo, se mencionó que algunas de las investigadas, como cuatro mujeres, solo tenían conexión con el caso al ser parejas de los investigados y por la contratación de líneas telefónicas que podrían haber sido utilizadas por ellos, lo que se consideró una conexión insuficiente para sostener la acusación.
El juzgado también determinó que no existían pruebas que vinculaban el cobre incautado con los robos mencionados, considerando que las herramientas encontradas eran de uso común en el sector de venta y almacenamiento de materiales.
Por tanto, además de sobreseer la causa, el juzgado ordenó la devolución de los objetos, vehículos y cantidades intervenidas a sus respectivos propietarios, así como la anulación de las medidas cautelares que se habían impuesto.
José Antonio Sires, abogado de dos de los investigados, comunicó que sus clientes están evaluando la posibilidad de demandar al Estado por los daños económicos y morales sufridos al aparecer como investigados en este caso.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
