Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, STAS y UGT han solicitado al Gobierno regional la retirada del orden del día de la reciente Mesa Sectorial de Personal Funcionario, que se llevó a cabo este viernes. La razón detrás de esta petición se centra en la propuesta de creación de tres nuevos puestos «de confianza» y otros cuatro de libre designación, lo que implicaría un gasto adicional de 400.000 euros.

Los representantes de estas organizaciones denunciaron que uno de los puntos más controvertidos de la agenda era la creación del puesto de director de la Oficina de Bruselas, cargo que había sido anulado en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha debido a la falta de negociación con la parte social. Según los sindicatos, esta figura únicamente serviría para atender a los altos cargos que se desplacen a Bruselas, lo que opinan que refleja una tendencia hacia la «politización y desprofesionalización» de la administración pública.

María Ángeles Lobo, portavoz de CSIF, puso de relieve que el personal funcionario que interactúa con los ciudadanos se encuentra en una situación crítica por la falta de recursos y personal. Citó como ejemplo el caso del Centro de Educación Especial Infanta Elena de Cuenca, que solo cuenta con un enfermero para atender a 20 niños con diversas patologías. Lobo criticó que el Gobierno regional favorezca los intereses de altos cargos en lugar de atender las necesidades básicas de la ciudadanía.

José Luis Martínez, coordinador del sector autonómico de CCOO, calificó de «llamativo» que la primera mesa después del verano se enfocara en la creación de estos puestos en vez de atender las numerosas demandas insatisfechas en los servicios educativos y sociales. A pesar del fallo del Tribunal Superior, Martínez destacó que la Administración regional sigue adelante con la presentación de la plaza para la dirección de la oficina de Bruselas, sugiriendo que esta podría ser una manera de evadir la resolución judicial.

Gustavo Fabra, representante de STAS, también mostró su inquietud respecto a la oficina de Bruselas, afirmando que su existencia no beneficia a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sino que está destinada a auxiliar a los altos funcionarios que viajan. Fabra enfatizó el aumento desmedido de puestos de libre designación y eventuales en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo cual contrasta con la situación en comunidades como Andalucía, donde estos cargos no superan el 7%.

Feliciano Sánchez, de UGT, criticó el hecho de que el Ejecutivo regional priorice la creación de personal eventual en lugar de hacer las modificaciones necesarias para cubrir los puestos esenciales en la administración pública. Durante la reunión, anunció su intención de insistir en la retirada de estas propuestas y de instar al Gobierno a reconsiderar su enfoque sobre el empleo público.

Finalmente, en relación a la reciente creación de la Agencia de Transformación Digital y la Oficina del Dato, Fabra realizó una analogía con una célebre canción, sugiriendo que estas entidades deberían operar como unidades administrativas dentro de la estructura existente, lideradas por funcionarios de carrera en lugar de por personal político.

vía: Diario de Castilla-La Mancha