El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su dedicación a la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia migrante durante la inauguración de las IV Jornadas de Infancia y Familia. Este evento, organizado por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM), lleva el título ‘Nuevos retos con la infancia y adolescencia migrante en Castilla-La Mancha’.
La inauguración del evento contó con la presencia de Inmaculada Tello, directora general de Infancia y Familia, y María Ángeles Marchante, directora general de Inclusión Educativa y Programas, quienes representaron al Ejecutivo autonómico. Tello destacó que “en Castilla-La Mancha hablamos de infancia, sin apellidos”, subrayando que todos los niños y adolescentes son titulares plenos de derechos, sin importar su origen o situación administrativa. En su intervención, resaltó la complejidad que presenta la atención a la infancia migrante y la importancia de ofrecer respuestas coordinadas y humanas.
Además, Tello hizo hincapié en que los perfiles de los menores que llegan al sistema de protección han evolucionado, lo que exige una revisión constante de las políticas públicas y la adaptación de los recursos disponibles. Marchante, por su parte, reiteró el compromiso regional con la inclusión educativa de los niños migrantes, asegurando que se les garantiza una educación equitativa e inclusiva. Entre las diversas estrategias mencionadas para lograrlo se incluyen planes de acogida, acciones tutoriales y programas de refuerzo, que tienen como objetivo asegurar que cada niño sea parte activa de su comunidad escolar.
Las jornadas también se centraron en abordar retos estructurales que enfrenta el sistema de protección, tales como la presión sobre los recursos de acogida, la necesidad de atención individualizada y la relevancia del apoyo psicológico. Tello subrayó la importancia de acompañar a los jóvenes migrantes en su transición hacia la vida adulta, promoviendo su autonomía mediante itinerarios de formación y empleo desde el inicio de la tutela.
Asimismo, se enfatizó la necesidad de colaboraciones entre diferentes administraciones y entidades, dejando claro que la protección de la infancia migrante es tanto una responsabilidad pública como un compromiso ético. A lo largo de la mañana, se discutieron múltiples aspectos relacionados con la infancia migrante, y a los participantes se les invitó a contribuir con propuestas que ayuden a avanzar hacia un sistema de protección más justo y centrado en las personas.
