El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al Gobierno tras ser condenado la semana pasada por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Su renuncia, comunicada en una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se realiza antes de que se notifique formalmente la sentencia en su totalidad.
En la misiva, García Ortiz expresa su decisión de abandonar el cargo en “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y reconoce que ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”. Con su dimisión, se abre la puerta para que el Ejecutivo proponga este martes, en el Consejo de Ministros, a su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado.
El fallo del Supremo, que se hizo público el pasado jueves, todavía se encuentra en fase de redacción. Aparte de la inhabilitación, incluye una multa de 7.200 euros y podría afectar su continuidad como fiscal de carrera. Aunque García Ortiz tenía la opción de mantenerse en el cargo mientras agota las vías judiciales, ha decidido no prolongar la situación y renunciar de forma voluntaria. Esta decisión cierra la incertidumbre sobre los plazos y evita que el responsable del Ministerio Fiscal permanezca en su puesto mientras disputa la condena.
En su carta, el ex fiscal general sostiene que su salida es “un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, subrayando que se marcha con la convicción de haber cumplido con lealtad su función pública. Recuerda que su nombramiento fue propuesto por el Gobierno en julio de 2022 y agradece la confianza depositada en él, que ahora devuelve tras el fallo del Supremo, al considerar que es incompatible con su continuidad en el cargo.
Mientras se espera la designación de un nuevo fiscal general, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, asumirá interinamente la dirección del Ministerio Fiscal en un momento crítico para la institución.
La llegada de un nuevo fiscal general será para un mandato de cuatro años, aunque cesará cuando lo haga el Gobierno que lo nombre. Su puesto estará ligado a la duración de la actual legislatura, que se extiende como máximo hasta julio de 2027, a menos que haya un adelanto electoral.
La condena y la dimisión de García Ortiz se producen en un clima de tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que “acata la sentencia”, aunque también ha defendido la inocencia de García Ortiz, apoyándose en los testimonios de periodistas que declararon a su favor. Sánchez ha manifestado su “discrepancia” con el fallo y ha señalado que quedan abiertas dos vías: activar el procedimiento para la sustitución del fiscal general y impugnar la sentencia ante el Tribunal Constitucional.
El ministro de Justicia ya ha aludido a la posibilidad de revisar la sentencia si se considera que vulnera derechos fundamentales. A pesar de la eventual batalla jurídica, esta seguiría su curso paralelo al relevo en la Fiscalía General.
La salida de Álvaro García Ortiz marca el inicio de una nueva etapa en la Fiscalía y reaviva el debate sobre su independencia y relación con el Gobierno. La designación de su sucesor será observada de cerca por la oposición y las asociaciones judiciales, en un contexto marcado por acusaciones de politización de la justicia.
La Fiscalía, por su parte, deberá gestionar una transición compleja, con un fiscal general dimisionario y una condena pendiente, todo mientras el Ejecutivo busca cerrar la crisis con un nombramiento que devuelva estabilidad y credibilidad a la institución. En este equilibrio entre el respeto a las sentencias y la urgencia por recomponer el tablero institucional, se moverán las decisiones del Gobierno respecto a la Fiscalía General del Estado.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
