El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado una decisión relevante al aprobar la firma del Convenio de Nivel Acordado 2025 del Sistema de Dependencia con el Estado. Este acuerdo, que cuenta con un presupuesto de 80,3 millones de euros, se financiará al 50% entre ambas administraciones, con el objetivo de garantizar la continuidad y mejora de los servicios para las personas en situación de dependencia en la región. Se prevé que más de 80.000 ciudadanos se beneficiarán directamente de estas medidas.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacó la relevancia de este convenio en el fortalecimiento de la red pública de cuidados, subrayando que la atención a la dependencia debe ser reconocida como un derecho ciudadano, al igual que la sanidad, la educación y las pensiones. Entre los objetivos del acuerdo, se encuentran la reducción de las listas de espera y la mejora en la eficiencia de los trámites mediante digitalización, la optimización de la calidad de los servicios, y el fortalecimiento de la estabilidad laboral en un sector que genera más de 30.000 empleos, la mayoría de ellos con contrato indefinido.
García Torijano también hizo hincapié en el simbolismo y la carga política que conlleva este acuerdo, recordando que la cooperación en materia de dependencia fue eliminada en 2012 por el gobierno del Partido Popular y su reanudación en 2021 bajo la administración socialista. Desde entonces, la inversión autonómica en este convenio ha aumentado de 32 millones de euros en 2021 a más de 80 millones en 2025.
Sin embargo, la consejera enfatizó la necesidad de que el Estado incremente su aporte, el cual actualmente se sitúa en solo el 26%, lo que obliga a la comunidad autónoma a asumir el resto de la financiación. García Torijano exigió que el Estado cubriera el 50% real del coste, argumentando que ha dejado de aportar 1.100 millones de euros en los últimos años.
En términos de gestión, Castilla-La Mancha ha logrado procesar los expedientes de dependencia en un promedio de 169 días, la mitad que la media nacional, posicionándose como una de las cuatro comunidades que respeta los plazos legales establecidos. Actualmente, el sistema de dependencia en la región activa más de 112.000 prestaciones y cuenta con programas como el SEPAP-MejoraT en 380 municipios.
El impacto del sector se traduce en más de 30.500 empleos, mayormente indefinidos, y en un modelo de atención que prioriza a las personas. La consejera concluyó afirmando que tras cada prestación hay historias significativas que reafiman la importancia de cuidar a quienes nos han cuidado. Con esta iniciativa, el Gobierno de Emiliano García-Page reitera su compromiso con una Castilla-La Mancha más equitativa y solidaria, consolidando la dependencia como un derecho fundamental.
