El cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027, ha comenzado a generar debate más allá de las fronteras de España. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha expresado su preocupación sobre el impacto que este apagado podría tener en la región de Extremadura. En un borrador de recomendaciones elaborado tras una visita oficial a la zona, los eurodiputados han solicitado una revisión del calendario de cierre, aunque este documento no obliga al Gobierno español a modificar su postura.
Según el Consejo de Seguridad Nuclear, las fechas de cierre son claras: la unidad I tiene autorización hasta el 1 de noviembre de 2027 y la unidad II hasta el 31 de octubre de 2028. No obstante, ya se ha presentado una solicitud formal para prorrogar la explotación de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.
La tensión en torno a este tema ha crecido en Bruselas y en la política local. Los eurodiputados que realizaron una visita a Almaraz en febrero de 2026 subrayaron que la decisión de cerrar la planta no debería ser considerada únicamente desde una perspectiva energética, sino también como un asunto territorial, económico y social para una región que enfrenta dificultades estructurales. En su borrador, se enfatiza la necesidad de evaluar el impacto del cierre y de llevar a cabo un diálogo más amplio, proponiendo incluso “revertir” el cierre de la central para garantizar la estabilidad de la red.
Además, el texto de la Comisión de Peticiones recuerda que la Unión Europea clasifica la energía nuclear como una actividad transitoria que puede contribuir a la mitigación del cambio climático. Este aspecto sugiere una revisión del calendario español, que podría no ajustarse a las necesidades y condiciones actuales.
El debate sobre la central nuclear ha tomado un cariz más amplio en Extremadura, donde la planta desempeña un papel crucial en el empleo y la economía local. Consciente de esto, la misión europea advirtió sobre los riesgos económicos y demográficos que podría acarrear el cierre, instando a que cualquier transición energética se acompañe de medidas efectivas para diversificar la economía y generar empleo.
La preocupación de los ciudadanos se ha manifestado a través de movilizaciones, como la plataforma “Sí a Almaraz, Sí al Futuro”, que llevó su caso a la Eurocámara al no encontrar respuestas satisfactorias en el ámbito nacional. Esta acción fue fundamental para atraer la atención de los eurodiputados y ha ayudado a extender el debate más allá de la política local.
El panorama político regional también ha cambiado: el pacto de Gobierno entre el PP y Vox en Extremadura incluye la “blindaje” de la continuidad de Almaraz y una reducción gradual de la ecotasa que grava su producción. Esto indica que la defensa de la central no es solo una cuestión empresarial, sino que se ha convertido en un compromiso político formal, complicando futuros intentos de mantener el plan de cierre original.
El futuro de la central de Almaraz ya no parece tan claro como antes. La pregunta ahora es si el calendario de cierre pactado en 2019 debe permanecer inalterado o si necesita ajustes a la luz del nuevo contexto energético europeo, así como del impacto socioeconómico que podría tener en la región. El hecho de que el CSN haya comenzado a tramitar la solicitud de prórroga y el interés del Parlamento Europeo en frenar el cierre evidencia que la discusión está lejos de cerrarse.
Hasta el momento, el Gobierno central no ha hecho cambios oficiales en el calendario, pero la presión está aumentando desde múltiples frentes: las empresas que operan la planta han solicitado más tiempo, Bruselas ha cuestionado el cierre, y el nuevo pacto PP-Vox ha convertido la continuidad de Almaraz en un asunto prioritario. En este contexto, el apagado previsto para 2027 deja de ser un mero trámite administrativo y se transforma en una decisión altamente discutida, a la que se le deberán dar respuestas que consideren los intereses económicos, sociales y políticos del territorio.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
