En medio de un proceso electoral tenso para la Federación Española de Fútbol en Castilla-La Mancha, el actual presidente en funciones, Pablo Burillo, ha lanzado duras acusaciones contra la candidatura de Teodoro Sobrino, a quien acusa de intentar influir en la elección de asambleístas mediante supuestas prácticas de compra de votos.
Según Burillo, la candidatura de Sobrino ha estado contactando a los nuevos miembros de la asamblea y a distintos actores del fútbol regional, en un intento de socavar su propia candidatura. Estas acciones, calificadas como compra de voluntades, han sido denunciadas por el presidente en funciones como actos de corrupción que atentan contra la libertad de elección de los asambleístas.
El presidente en funciones ha afirmado que aquellos asambleístas que han sido objeto de presiones no dudarán en hacer público este tipo de situaciones, resaltando que han mantenido una actitud respetuosa a lo largo del proceso electoral. Asimismo, ha señalado que estas prácticas perjudican a todos los sectores involucrados en el fútbol regional.
Por su parte, Teodoro Sobrino ha rechazado las acusaciones de Burillo, argumentando que las llamadas realizadas no constituyen presiones, sino simples intentos legítimos de conseguir apoyo para su candidatura. Sobrino ha defendido el derecho de los asambleístas a escuchar todas las propuestas y a tomar una decisión libremente en cuanto a su respaldo a una candidatura u otra.
Ante estas acusaciones, Sobrino ha anunciado su intención de presentar una demanda judicial en respuesta a las afirmaciones de Burillo, alegando que se trata de una estrategia para desacreditar su candidatura debido al nerviosismo por no haber asegurado su puesto como asambleísta en la primera votación, condición necesaria para optar a la presidencia.
En medio de este conflicto, parece que la contienda electoral en la Federación Española de Fútbol en Castilla-La Mancha está lejos de resolverse de forma pacífica. Mientras Burillo acusa a Sobrino de prácticas poco éticas, este último se defiende argumentando que simplemente está haciendo campaña de forma legítima. El caso se dirigirá a la justicia para dilucidar estas acusaciones y garantizar un proceso electoral transparente y respetuoso para todos los involucrados.
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