El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dirigido una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, anunciando que en los próximos días se llevará a cabo una inspección de las instalaciones. Esta medida se toma en el contexto de la controversia surgida en torno a la posible conversión del aeropuerto en un centro de acogida para inmigrantes.
En el documento, firmado por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, se abre un proceso de audiencia para que la empresa dueña del aeropuerto exponga su postura y detalle las acciones realizadas relacionadas con el uso de las instalaciones. El Ejecutivo regional, encabezado por Emiliano García-Page, ha indicado que se reserva el derecho a tomar acciones para restaurar la ordenación territorial y urbanística, así como otras medidas que puedan surgir de la situación actual.
La preocupación por el uso del aeropuerto ha aumentado tras una comunicación por parte de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, quien informó sobre la existencia de obras en el aeropuerto sin las autorizaciones necesarias. Estas actuaciones no parecen alinearse con los usos previstos para estas instalaciones, que se diseñaron bajo un Proyecto de Singular Interés (PSI) y bajo normativas específicas.
Desde el Gobierno regional se ha señalado que podría abrirse un expediente sancionador contra la empresa, recordando que, aunque la competencia principal recae en el Ayuntamiento, la región tiene la obligación de investigar las posibles infracciones, ya que podrían afectar a varios municipios cercanos. La urgencia por esclarecer la situación se considera esencial ante lo que se presenta como una posible vulneración del ordenamiento jurídico, en un contexto de creciente preocupación social.
La misiva enfatiza que un centro de acogida para inmigrantes no está incluido en los usos estipulados para el aeropuerto, considerándose incompatible con el plan director de la instalación. Asimismo, la carta menciona las sanciones que la empresa podría enfrentar debido a infracciones urbanísticas, las cuales podrían incluir desde la inhabilitación para llevar a cabo actividades relacionadas con la materia hasta la expropiación de terrenos o la demolición de construcciones vinculadas al supuesto centro de inmigrantes.
Por último, se hace alusión a un posible acuerdo de confidencialidad entre el aeropuerto y el Gobierno de España, aclarando que dicho acuerdo no exime a la empresa de su obligación de proporcionar información relevante durante la investigación que lleva a cabo la autoridad competente, subrayando la necesidad de adherirse a las normativas establecidas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
