La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha reseñado este miércoles que si la Comunidad Autónoma se encuentra una situación como la que tiene actualmente, en la que todos sus facultativos están acogidos a la objeción de conciencia a la hora de practicar abortos, el Ejecutivo autonómico debe dar un servicio público «de calidad, con seguridad y con intimidad» y eso, en este ámbito, «pasa por concertar el servicio».
«Tampoco nos escandalicemos, hay que conciliar todos los derechos e intentar hacerlo bien, huyendo de las demagogias a ser posible», ha comentado Fernández a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha dado para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana.
Ha recordado que en el caso de Castilla-La Mancha, las interrupciones voluntarias del embarazo, salvo situaciones de riesgo, «normalmente se practican en clínicas privadas», y ha incidido en la importancia de que la futura norma va a «traer claridad sobre la objeción de conciencia», y va a aportar seguridad a los pacientes.
Igualmente, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha incidido en la importancia de que las mujeres que se ven abocadas a tomar esa decisión «tengan asegurada la intimidad», dando la «bienvenida» a la iniciativa legislativa para «que sea punible el acoso a mujeres que van a interrumpir su embarazo», porque eso «da tranquilidad» y es «una buena medida
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