El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido recurrir el decreto relacionado con el reparto de menores migrantes, autorizando a sus servicios jurídicos a iniciar este proceso. La principal razón para esta acción es la falta de financiación proporcionada por el Ejecutivo central, lo que pone en riesgo la tutela que las comunidades autónomas deben ofrecer a estos menores.
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha destacado que las autonomías necesitan contar con recursos suficientes para asumir esta responsabilidad. Además, ha expresado su preocupación por la aprobación del decreto sin un diálogo adecuado entre las distintas regiones. Según Padilla, la carencia de compensación económica compromete de manera grave el interés superior de los menores involucrados.
La consejera ha recalcado que, aunque se comparte la necesidad de solidaridad en el acogimiento de menores migrantes, este proceso debe llevarse a cabo con dignidad. Ha criticado que las condiciones impuestas por el decreto limitan la capacidad de las comunidades autónomas, incluyendo Castilla-La Mancha, para proporcionar la atención necesaria.
El decreto establece que Castilla-La Mancha debe acoger a 500 niños migrantes adicionales, lo que representaría un costo anual superior a los 26 millones de euros. El Gobierno regional ha indicado que no dispone de financiación para asumir esta carga económica, lo que ha motivado la decisión de recurrir el decreto, al considerarlo inaceptable sin el respaldo económico adecuado.
Respecto al informe del Consejo Consultivo, Padilla ha indicado que este documento señala un «flagrante quebranto» en la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como una posible invasión de competencias exclusivas de Castilla-La Mancha en la atención a menores. El informe también critica la creación de este decreto, sugiriendo que no era necesaria una normativa excepcional que excluyera a las comunidades de la toma de decisiones.
La consejera ha enfatizado que su objetivo no es evitar la acogida de menores, sino asegurar que haya recursos suficientes para garantizar una atención digna. Actualmente, hay más de 1,100 niños tutelados en la región, de los cuales 550 están en familias de acogida y 560 en plazas del sistema. Además, ha mencionado que las instalaciones están a un 96,5 por ciento de ocupación.
Padilla ha cuestionado también la lógica de evaluar la capacidad de acogida únicamente en función de la población de una comunidad autónoma, y ha insistido en que es fundamental considerar los recursos disponibles antes de aceptar un aumento en la cantidad de menores a acoger.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
