El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado su desacuerdo con el llamado «cupo catalán», un mecanismo de financiación singular para Cataluña acordado entre el Gobierno y la Generalitat. Durante una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, Ruiz Molina describió este modelo como un «trampantojo ambiguo e injusto» y urgió a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en los próximos días, en vez de posponerlo para después del verano.
Ruiz Molina criticó la reciente reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que tuvo lugar en Barcelona, señalando que el acuerdo logrado busca «engañar» a las comunidades autónomas con un documento que considera ambiguo respecto a la financiación de Cataluña. Comparó la situación con el cupo que se aplica en el País Vasco y Navarra, aunque con ciertas diferencias específicas.
El consejero explicó que el acuerdo permite a Cataluña recaudar todos los impuestos en su territorio, beneficiándose de un pago al Estado basado en las competencias estatales que ejerce. Sin embargo, subrayó la complejidad de definir los gastos estatales en cada comunidad, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del acuerdo. A su juicio, resulta inaceptable que se determine un sistema de financiación para las demás comunidades sin su participación.
Ruiz Molina abogó por debatir los temas de financiación directamente con otros consejeros autonómicos, rechazando la aceptación de «platos precocinados». Considera que el modelo propuesto para Cataluña, si se extrapola al resto de las comunidades, podría generar una redistribución de recursos insostenible y amenazar el concepto mismo de Estado.
Al aceptar las condiciones del documento, argumentó, se correría el riesgo de transformar al Gobierno central en una simple comunidad autónoma que dependiera de los recursos de las demás. Además, advirtió que un acuerdo que fomente disparidades en los servicios públicos resulta inaceptable y atenta contra el principio de ordinalidad, que debería garantizar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
Ruiz Molina también acusó a algunos independentistas de buscar recibir más recursos que otros en lugar de trabajar para mejorar la situación general. Insistió en que el principio de ordinalidad debe ser discutido en el CPFF y afirmó que es fundamental convocar a este consejo en julio para evitar negociar con aquellos que buscan dividir el país. Finalmente, comprometió enviar una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda solicitando la convocatoria del CPFF, no solo para tratar la financiación autonómica, sino también para esclarecer las cifras de entregas a cuenta del próximo ejercicio, facilitando la elaboración del presupuesto de 2026 en tiempo y con datos fiables.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
