El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha manifestado la posibilidad de que la región recurra el decreto-ley que regula el reparto de menores migrantes. Esta declaración se produce debido a las discrepancias en cuanto a la financiación que recibirá el Gobierno regional por parte del Gobierno de España. Durante una atención a los medios de comunicación con motivo de la inauguración de la Feria de Artesanía de Cuenca, Martínez Guijarro destacó la histórica solidaridad de Castilla-La Mancha, aunque enfatizó que dicha colaboración no debe poner en riesgo los presupuestos de la comunidad autónoma.
Las principales preocupaciones del Ejecutivo regional giran en torno a la financiación para la atención de los 600 menores que se prevé que sean atendidos. Según el vicepresidente, la asignación de 100 millones de euros es insuficiente para cubrir las necesidades del Gobierno de España, además de que Castilla-La Mancha no dispone de las 600 plazas necesarias para acoger a estos niños.
Martínez Guijarro aseguró que cumplirán con la ley, pero también subrayó la importancia de defender los intereses de la comunidad autónoma. Afirmó que el decreto-ley será analizado con detenimiento y que es probable que se decidan a recurrirlo. Además, hizo un llamado tanto al Gobierno central como a la principal fuerza de oposición para que busquen un acuerdo que aborde de manera efectiva la situación de los menores no acompañados que llegan al país.
En otro ámbito, el vicepresidente hizo referencia al inicio del curso político, recordando que en el próximo Consejo de Gobierno se discutirá el techo de gasto, con el objetivo de aprobarlo en el pleno de septiembre. A partir de esa fecha, el Ejecutivo comenzará a elaborar los presupuestos para Castilla-La Mancha, con miras a que entren en vigor el 1 de enero. Entre las prioridades del Ejecutivo se encuentran mantener los servicios públicos, mejorar las infraestructuras y fomentar el crecimiento económico.
Finalmente, Martínez Guijarro expresó su deseo de que esta nueva temporada política permita abordar de manera efectiva el modelo de financiación de las comunidades autónomas, un asunto que consideró como el «gran reto» que afecta a la sostenibilidad de los servicios públicos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
