El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado al Ejecutivo central que no autorice la venta de agua del río Tajo por parte de la comunidad de regantes del Canal de Las Aves a una empresa que se encargará de abastecer a regantes en la provincia de Almería. Esta petición surge a raíz de una denuncia presentada por la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas, que afirma que dicha comunidad ha aprobado la venta de este recurso hídrico.
Durante una rueda de prensa, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, expresó su preocupación por esta decisión, considerándola un riesgo para un bien de uso público. “Nos parece que es jugar con un bien público. Desde luego, no tiene ningún calificativo amable”, afirmó Gómez, subrayando que el Gobierno regional se opondrá firmemente a cualquier medida que ignore los usos necesarios del agua en la cuenca del Tajo, los cuales han sido “no atendidos recientemente”.
Para ilustrar su argumentación, la consejera mencionó las conversaciones mantendidas entre el Gobierno regional y los sectores productivos de la provincia de Guadalajara, quienes han solicitado al Estado la conexión de los embalses de Alcorlo y Beleña. A pesar de que el embalse de Alcorlo se encuentra completamente lleno, la situación del embalse de Beleña es preocupante, ya que no recibe suficiente agua, un problema que se agrava por la propuesta de desviar agua hacia otras comunidades distantes.
En este sentido, Gómez consideró “una incongruencia” que se contemple un trasvase hacia Almería, dado que, en la actualidad, no existe otra forma de comunicar el agua que no pase por este mecanismo. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un requerimiento formal al Gobierno de España, instando a que no se autorice esta concesión, y resaltando que el Estado tiene la capacidad de rechazar esta decisión mediante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Finalmente, el Gobierno regional confía en que impere “la cordura” y que la venta de agua no sea ni siquiera considerada. “Tenemos el derecho y la obligación de dar nuestra opinión y también tenemos el derecho y la obligación de, en caso de que se produjera esa concesión, recurrirla”, concluyó la consejera.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
