El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho pública su intención de recurrir al Tribunal Constitucional tras la convalidación en el Congreso de los Diputados del real decreto ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados. Durante su intervención en el ciclo ‘Vecinos y amigos’ del Heraldo de Aragón, García-Page consideró esta medida como un «drama» y un «atropello lamentable».
El presidente de la Junta criticó la ley, señalando que lo aprobado es una «barbaridad» que no resolverá adecuadamente la situación de los menores. En su análisis, García-Page afirmó que se trata de una «treta» del Estado que impone a las comunidades autónomas una solidaridad «obligada», lo que considera inaceptable, ya que la solidaridad debe ser una elección, no una imposición.
Lamentó que el acuerdo entre el Estado y las comunidades conlleve la obligación de asumir un cupo de menores que, según dijo, no solo incluye a los que provienen de Canarias, sino también a aquellos que queden sobresaturados en otras regiones del país. Esta medida, según el presidente, se ha adoptado en un ambiente de «inflamación dialéctica», sin haber mantenido un diálogo adecuado con las comunidades y sin que el Estado haya ofrecido los recursos económicos necesarios. «Practica mucho la política esta de yo invito y tú pagas», enfatizó García-Page.
Adicionalmente, el presidente recordó que la redistribución de menores desde Canarias y, ocasionalmente, desde Andalucía, se había gestionado previamente a través de acuerdos consensuados. Resaltó que el verdadero problema no son los menores en sí, sino las personas que utilizan a estos niños como herramientas políticas en sus agendas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
