La futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha promoverá el uso del silencio administrativo positivo y de declaraciones responsables para agilizar trámites, según ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la región, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, Ruiz Molina destacó las acciones que se están llevando a cabo para «podar la burocracia» y anunció la creación de una administración más personalizada, así como la implantación de una «carpeta digital» individual para facilitar las gestiones de los ciudadanos.
El consejero resaltó el progreso de su consejería en la simplificación administrativa, señalando que desde 2016 hasta 2023 se han logrado simplificar o suprimir 444 trámites administrativos, así como la eliminación de más de 300.000 documentos contables, reduciendo a la mitad el tiempo de gestión de los expedientes.
Sin embargo, estas medidas han sido cuestionadas por representantes de otros partidos políticos en el pleno. El parlamentario de Vox, Iván Sánchez, describió la situación como un «laberinto administrativo» que complica especialmente la vida de los trabajadores del sector primario, y criticó lo que calificó de «violencia administrativa».
Por su parte, Santiago Serrano, del Partido Popular, lamentó la densidad burocrática, señalando que obstaculiza la actividad económica, y pidió una administración que sea «un faro» para los ciudadanos. Mientras que el diputado socialista Fernando Mora defendió la política de simplificación administrativa de Castilla-La Mancha, mencionando ejemplos de inversiones empresariales en la región.
En cuanto a las propuestas de resolución, los diferentes partidos han planteado medidas para seguir simplificando los procesos administrativos, desde una mayor reducción de plazos hasta la creación de un «asistente» virtual para la ciudadanía.
La discusión en el pleno refleja las diferentes perspectivas sobre la administración pública y la búsqueda de un consenso en cuanto a la necesidad de una gestión más ágil y eficiente que beneficie tanto a la ciudadanía como al desarrollo económico de Castilla-La Mancha.
En resumen, la intención de la futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha es fomentar la agilización de trámites a través del silencio administrativo positivo y las declaraciones responsables, al mismo tiempo que se busca reducir la burocracia y hacer la administración más accesible y personalizada para los ciudadanos.
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