Toledo, 26 de noviembre de 2025.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la protección de los derechos de las personas consumidoras al aprobar un proyecto de Ley que adapta el Estatuto regional, que estaba vigente desde 2019, a las recientes normativas estatales y europeas, especialmente en lo que respecta al régimen sancionador. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha destacado la importancia de esta modificación para mejorar la protección de las personas compradoras y usuarias en la región.
Durante los últimos años, ha habido cambios relevantes en la legislación estatal que han desajustado la regulación autonómica. Para evitar contradicciones y mejorar la claridad de la normativa local, el Gobierno regional ha decidido armonizar su legislación con las disposiciones nacionales y europeas. Según Padilla, lo crucial de esta reforma es que no solo se adapta a la legislación superior, sino que también concreta situaciones que podían generar conflictos y que, en ocasiones, quedaban abiertas a interpretación en las leyes generales.
Padilla ha ilustrado estas ambigüedades con ejemplos de conceptos vagos utilizados en la regulación estatal, como «falta de información suficiente» o «atención insuficiente». Con la nueva reforma, se busca eliminar esa subjetividad estableciendo ejemplos claros de infracciones, como la falta de entrega de hojas de reclamaciones, la ausencia de presupuestos por escrito, o las negativas en la gestión de garantías. La consejera ha afirmado que al detallar estos casos se garantiza una mayor protección para los consumidores y se permite reaccionar más rápidamente ante los abusos.
Además, la reforma refuerza los criterios sancionadores ante infracciones graves, definiendo de manera más precisa qué constituye una infracción de este tipo. Se incluyen ejemplos concretos, como cortes de servicios como agua o luz de manera injustificada, así como aumentos de precios abusivos en situaciones de emergencia, algo que Padilla ha subrayado como un avance necesario en la legislación regional.
La ley también mantiene las sanciones accesorias ya existentes, que incluyen el cierre temporal de establecimientos o la suspensión de actividades en casos de reincidencia. Estas medidas son vistas por la consejera como herramientas eficaces para prevenir comportamientos abusivos hacia la ciudadanía, que en ocasiones carecen de una definición clara a nivel nacional.
Entre las novedades, se ha incluido un conjunto de mejoras orientadas a reforzar la seguridad jurídica, eliminando ambigüedades y fijando de forma clara qué constituye una infracción y qué sanciones corresponden. Esto, según Padilla, reducirá las dudas en los tribunales y reforzará la protección de las personas consumidoras.
En resumen, la reforma del Estatuto de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha busca establecer un marco más claro y útil para los derechos de los consumidores. «Hemos actualizado el manual de instrucciones de los derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, más eficaz y funcione mejor. Queremos una Administración que proteja y que elimine lagunas y contradicciones», concluyó Padilla.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
