Castilla-La Mancha Avanza en la Regulación de la Gestión de Purines y la Instalación de Macrogranjas
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo hacia la regulación de la gestión de purines mediante el anuncio del inicio del proceso de información pública de un decreto al respecto, previsto para principios de octubre. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, detalló que este procedimiento permitirá a los ciudadanos y organizaciones interesadas presentar alegaciones y contribuir al desarrollo de estas normativas.
Este decreto es parte de un conjunto de tres medidas que buscan levantar la moratoria vigente hasta el 31 de diciembre, la cual prohíbe la instalación de macrogranjas en la región, específicamente aquellas con más de 2.000 cabezas de cerdo. La gestión adecuada de purines se presenta como una prioridad, dado su potencial impacto ambiental. Gómez enfatizó la necesidad de establecer métodos que aseguren la eliminación de estos residuos sin generar riesgos para el medio ambiente.
Además del decreto de gestión de purines, se implementará un nuevo plan de biometanización. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la creación de industrias dedicadas a la eliminación segura de purines, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región. Asimismo, se elaborará un mapa de zonas vulnerables de nitratos, que regulará la ubicación de estas explotaciones agrícolas para mitigar su impacto en los ecosistemas locales.
La Consejería de Desarrollo Sostenible está colaborando estrechamente con diversos actores, incluido el sector porcino, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), así como con representantes conservacionistas. Este trabajo conjunto busca garantizar que las iniciativas se lleven a cabo de manera eficaz y responsable.
En respuesta a las inquietudes sobre una macrogranja de 4.000 cerdos proyectada en El Robledo, la consejera abordó las preocupaciones planteadas por la Asociación Bullaque Vivo respecto al impacto en el río Bullaque. Gómez recordó que la evaluación ambiental de este proyecto se realizó antes de la implementación de la moratoria y que, conforme a los datos actuales, cumple con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, enfatizó que si durante la construcción se identifican problemas, la Consejería tomaría las medidas necesarias para suspender la autorización correspondiente.
Adicionalmente, la consejera aclaró que la competencia para pronunciarse sobre estos proyectos corresponde a los municipios. Esta atribución se enmarca dentro de una reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, la cual refuerza el papel de los municipios en el proceso, garantizando que cualquier propuesta se someta a una evaluación ambiental rigurosa y exhaustiva antes de su aprobación.
Con estas medidas, Castilla-La Mancha busca equilibrar el desarrollo del sector porcino con la protección del medio ambiente, estableciendo un marco normativo que responda a las necesidades de la comunidad y del entorno natural.
Para más información sobre este desarrollo, se puede consultar la publicación original en el Diario de Castilla-La Mancha.
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