La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha destacado la urgencia de que la reforma de la ley de discapacidad, actualmente en proceso de elaboración por parte del Gobierno central, esté respaldada por un presupuesto adecuado que refuerce esta normativa. Esta solicitud surge tras las recientes declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien afirmó que el texto de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia ya se encuentra «listo».
En una reciente interacción con los medios, García lamentó que aún no se les haya convocado a un consejo territorial para obtener información detallada sobre la reforma. En este sentido, subrayó la importancia de conocer los detalles concretos de la ley para facilitar su integración con los recursos y servicios que ya están disponibles en las comunidades autónomas.
La consejera enfatizó que es crucial seguir avanzando en la mejora de la dependencia y discapacidad, de modo que los ciudadanos puedan acceder a más recursos y oportunidades. En su intervención, advirtió contra la idea de realizar «brindis al sol» y subrayó que cualquier aprobación debe ser consensuada, garantizando así el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
Además, García reiteró que esta mejora en la legislación precisa de una financiación adecuada. Abogó por un aumento en los presupuestos anuales y por alcanzar los niveles mínimos acordados en materia de dependencia, estableciendo como meta un 50 por ciento de financiación, cifra que actualmente sigue siendo un objetivo distante. En este contexto, la consejera expresó su expectativa de que las negociaciones para los próximos presupuestos incluyan un incremento en la financiación destinado a Castilla-La Mancha.
A día de hoy, el Gobierno de España aporta un 30 por ciento en materia de financiación, dejando un 20 por ciento adicional que representa una carga considerable para los presupuestos de las comunidades autónomas. Ante esta realidad, Bárbara García insistió en que es primordial establecer garantías para la ciudadanía, y que, para que Castilla-La Mancha siga a la vanguardia en temas de dependencia, es esencial contar con el apoyo y compromiso de todas las administraciones involucradas en la reforma, siendo el papel del Gobierno de España especialmente crítico en este proceso.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
